Se sabe que uno de los atributos fundamentales del Estado nacional es el de cobrar impuestos. Para los clásicos de las ciencias sociales -Max Weber y Sombart, entre otros- el monopolio legítimo de la violencia y la recaudación son los elementos constitutivos del Estado. Dicho con otras palabras, hay Estado nacional cuando existen estos atributos.

En diferentes editoriales nos hemos referido al rol de los impuestos y a la necesidad de que el Estado mejore la recaudación sancionando a los evasores. También se ha hablado acerca de la cultura evasora de los países latinos en contraste con la cultura legalista de los países de Europa del norte, por ejemplo, en donde los niveles de recaudación son excelentes.

Relacionado con este tema, se sabe que en determinados países la evasión es celebrada como una suerte de picardía o se confunde con la denominada "viveza criolla". Y en estos términos, es consentida por la sociedad, mientras que en otros países la evasión no sólo es sancionada legalmente con todo rigor, sino que la condena se extiende al campo moral. En Noruega o en Suecia, por ejemplo, la persona que no paga impuestos o trampea en este terreno es catalogada como un delincuente y de esa manera es tratada.

¿Cuáles son las causas que explican estas conductas diferentes? ¿Por qué en un país la evasión es casi celebrada y en otros, por el contrario, es juzgada con toda severidad? Estos interrogantes se suelen responder mencionando el supuesto temperamento nórdico o virtudes raciales o psicológicas. También se dice que la diferencia está en las sanciones que se aplican en un caso u otro. Todas estas respuestas tienen su cuota de verdad pero, en lo fundamental, habría que decir que la diferencia reside no en cómo se recauda sino en cómo se gasta.

En efecto, las políticas tributarias son diversas. Pero más allá de estas cuestiones -que no se deben subestimar-, lo que interesa es reflexionar sobre el hecho de que una sociedad está más dispuesta a cumplir con sus obligaciones impositivas si observa que el Estado utiliza estos recursos de manera racional, eficiente y cumpliendo con los objetivos que ha proclamado.

En los países nórdicos los ciudadanos pagan de buen talante sus impuestos porque los beneficios en materia de salud, educación y seguridad son más que evidentes. En los llamados países latinos la evasión es mayor no sólo porque algunos impuestos son distorsivos, sino porque el ciudadano observa que el dinero que desembolsa para cumplir con las exigencias de la ley, es devorado por una burocracia inepta integrada por ñoquis, políticos incompetentes y funcionarios ineficaces.

Está claro que si en la Argentina el Estado brindara mejores servicios, la evasión se reduciría de manera significativa. Lamentablemente, en nuestro país esto no ocurre. Se pagan impuestos para educación, salud o seguridad pero como los servicios son tan calamitosos, después hay que pagar para disponer de una medicina privada o de seguridad privada o de educación privada, porque los hospitales, las escuelas y la policía están muy lejos de cumplir con los objetivos declamados.

En diferentes provincias y en diferentes momentos se organizan campañas para luchar contra la evasión y sancionar a los evasores. Sería deseable, tal como lo propone más de un académico, que también se realizaran campañas para verificar si el dinero recaudado se destina a los fines que se explicitan. Esta exigencia debería ser elemental y debería ser tenida en cuenta por los gobernantes, ya que se hace muy difícil obligar a los ciudadanos a pagar contribuciones nacionales, provinciales y municipales para que luego los servicios estén muy lejos de atender las expectativas mínimas.

En las sociedades tradicionales, la monarquía absoluta o el déspota obligaba a los súbditos y vasallos a pagar impuestos cuyo destino estaba orientado a satisfacer el lujo y los vicios de la corte. Corresponde recordar al respecto, que las principales revoluciones de la modernidad se realizaron invocando la cuestión de los impuestos confiscatorios y mal administrados.

La diferencia entre una sociedad democrática y una despótica -es decir, entre una sociedad de vasallos y otra de ciudadanos libres-, se expresa no sólo en la racionalidad de los impuestos sino en la administración eficiente de los recursos recaudados. Porque los ciudadanos, por definición, tienen derecho a exigir que el dinero que pagan regrese a la sociedad en servicios y mejor calidad de vida y no para que sea destinado a engordar burocracias inservibles.