El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Boggiano, se encamina desde ayer hacia un casi seguro juicio político fundado en las mismas causas que terminaron con la destitución de Eduardo Moliné O'Connor y forzaron la renuncia de Adolfo Vázquez. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados declaró admisibles las denuncias en su contra, pese a que se especulaba que sus lazos con un sector del gobierno nacional actuarían como freno a la actividad de ese cuerpo.

El titular de la comisión, Ricardo Falú, encargado de impulsar el expediente de Boggiano, consiguió el apoyo unánime a esa decisión por parte de sus colegas. En la noche del miércoles le había anunciado su objetivo al titular de la bancada justicialista, José María Díaz Bancalari, quien avaló la idea.

Fuentes parlamentarias aseguraron que Falú no está dispuesto a hacer concesiones con Boggiano, y que, enterado de la posibilidad de que comiencen las presiones para impedir que el caso avance, le advirtió a Díaz Bancalari que irá con el proceso hasta el final.

"Si hace un año atrás la comisión imputó por mal desempeño en la causa Meller a Nazareno, no debe esperarse de nosotros una conducta desigual. No se puede utilizar una vara para medir a Nazareno y otra para Boggiano porque esto significaría una persecución personal o ideológica, como dijeron algunos con los otros procesos", señaló el diputado tucumano.

Boggiano será investigado por presunto mal desempeño de funciones en los casos Macri, Meller y Dragonetti de Román, debido a que su voto en esas causas fue idéntico al de Nazareno, el ex titular de la Corte que renunció antes de afrontar el juicio político.

De prosperar el dictamen acusatorio y habilitarse el juicio político, Boggiano será el último miembro de la denominada "mayoría automática menemista" en la Corte en abandonar su cargo, siempre y cuando no decida imitar a sus colegas Adolfo Vázquez, Nazareno y el fallecido Guillermo López, quienes eligieron el camino de la dimisión antes de enfrentar a los senadores que actúan como jurado en estos casos.

A diferencia de sus antecesores, a Boggiano se lo considera un magistrado aggiornado a la gestión kirchnerista. Desde hace tiempo se lo señala como autor de un proyecto de sentencia que le otorgaría carácter constitucional a la pesificación, en sintonía con el anhelo de la Casa Rosada. También se destacan sus buenos lazos con algunos integrantes clave del gabinete nacional.

En el Congreso admiten que resultaría muy complejo "salvar" a Boggiano de la destitución porque se iría en contra de la propia jurisprudencia del cuerpo. No obstante, cabe la posibilidad de que su caso no sea llevado con el mismo ímpetu que los otros y el proceso se dilate.

"Es probable que esto actúe también como medio de presión para forzar su renuncia, algo que le resultaría más llevadero al gobierno", reconoció un asesor del bloque oficialista.

A partir de la admisión del sumario de Boggiano, se abre un proceso que atraviesa varias etapas. En principio la Comisión debe reunir la prueba -una buena parte ya la tiene-, y luego cita al magistrado a declarar antes de emitir un dictamen. Ese pronunciamiento se lleva al recinto y, en caso de prosperar la acusación, se abre la segunda etapa que es la del juicio político propiamente dicho, y que se sustancia en el Senado. Ese mismo cuerpo debe decidir por votación si se lo destituye o se lo absuelve. En cualquier caso el proceso demanda meses por lo que, de no inclinarse por la renuncia, Boggiano seguirá como juez de la Corte hasta principios de 2005.

El presidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Ricardo Falú (PJ-Tucumán), manifestó hoy que "no es un desafío" al Poder Ejecutivo la decisión de investigar al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano y aclaró que ese cuerpo orientará la investigación "por donde indique la Constitución, y no por donde opine un funcionario".

En ese sentido, Falú dijo haber "leído trascendidos de que el jefe de Gabinete (Alberto Fernández) habría dicho esto terminó acá", en referencia a las salidas de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, destituido por el Senado; Guillermo López, quien renunció antes de su muerte, y Adolfo Vázquez. Sin embargo, aclaró, al hablar por radio Mitre, que la decisión (de avanzar contra un quinto juez) concierne a la Comisión de Juicio Político.

"Creo que (Fernández) no dijo tamaña cosa, porque esa decisión la determina la comisión de Juicio Político; ésta no es una resolución que le concierna al jefe de Gabinete, ni al Poder Ejecutivo, por más importante que sea su figura", aclaró.

Falú dijo que "esto no es un desafío al Poder Ejecutivo, como he leído en algunos matutinos, sino cumplir con nuestra función, �o es que en la Argentina se desacostumbraron a que un diputado use la banca en beneficio de la sociedad?", se preguntó.

El diputado justicialista señaló, refiriéndose a la causa Meller: "No entiendo que a la Constitución se la pueda leer de un modo con respecto a Nazareno, y de un modo distinto respecto del juez Boggiano, que firmó las mismas sentencias y con el mismo fundamento que Nazareno".

Consideró que si aspiramos a una República que tenga bases éticas, morales e igualitarias, actuar de otro modo habría sido darle la razón a aquellos jueces destituidos que decían que era una persecución personal. "Si se actúa de modo objetivo el resultado no puede ser otro que opinar de igual modo en igualdad de circunstancias", razonó.

Al ser consultado respecto de eventuales presiones por parte del Poder Ejecutivo para no avanzar en la investigación contra Boggiano, Falú manifestó que "en cualquier caso, no nos va a llegar la presión; el jefe de Gabinete tiene derecho a considerarlo, pero no lo compartimos, porque no hemos actuado con precipitación".

Falú recordó que cuando se inició el proceso contra Nazareno, Moliné y Vázquez, nunca jamás hubo un teléfono que se levantara desde la Casa Rosada "o alguno de nosotros deambulando por los pasillos esperando instrucciones".

Finalmente, cuando se le preguntó si cuenta con el apoyo de la senadora Cristina Fernández de Kirchner para investigar a Boggiano, Falú dijo que "no lo tengo de modo explícito, pero de acuerdo a la compostura política y a la visión de la República que tiene, creo que está pensando igual que nosotros".

Boggiano se convirtió en el quinto juez de la Corte Suprema que será investigado por los diputados de la Comisión de Juicio Político, tras la decisión adoptada ayer por unanimidad. El juez de la Corte firmó, en idéntico sentido que otros ex colegas, las causas Macri, Meller y Dragonetti de Román.

En el bloque justicialista de la Cámara de Diputados, especulan que el proceso contra Antonio Boggiano no tendrá la misma fluidez que el que empujó a Adolfo Vázquez hacia una ruidosa dimisión. Es más, están preparados para que afloren los intentos por demorar el trámite o directamente frenarlo, aunque pocos creen que el ministro pueda escapar del destino de sus colegas de la mayoría automática.

"Salvo que lo pida el presidente, no veo posibilidad de que se pueda ir atrás con este expediente", deslizaba ayer un miembro de la bancada acostumbrado a que los vaivenes de la política atenten contra la previsibilidad que debería tener ese cuerpo.

Algunos memoriosos recuerdan que la orden de limpiar la Corte Suprema de jueces cuestionados por su sintonía con el gobierno de Carlos Menem no incluyó excepciones. "No creemos que Kirchner vaya a interferir en este caso", aventuró un diputado oficialista.

En todo caso, el proceso a Boggiano servirá para poner a prueba la fortaleza ética del presidente y su entorno más cercano. Es indudable que el magistrado no podría eludir un enjuiciamiento construido sobre las mismas imputaciones que terminaron en la destitución de Eduardo Moliné O'Connor, por ejemplo, de manera que en las próximas semanas se sabrá hasta qué punto Boggiano resulta una pieza indispensable para el Poder Ejecutivo.

Como el proceso tiene sus tiempos, y la agenda de diputados aparece sobrecargada con temas como la Empresa de Energía estatal, o el Presupuesto para 2005, hay varias hipótesis en danza que van desde la posible renuncia del magistrado, hasta la idea de que pueda prestar un último servicio sumando su voto a un fallo favorable a la pesificación, una vez que Carmen Argibay se sume al máximo Tribunal, hecho que ocurrirá en diciembre, una vez que termine con sus actividades en la Corte de La Haya.