Buenos Aires.- Tres médicos forenses que participaron de las autopsias del gerente Carlos Chaves y el contador Carlos Santillán, los dos rehenes asesinados en la masacre de Villa Ramallo, confirmaron que fueron mortales los disparos atribuidos a dos policías que están siendo enjuiciados por esos homicidios.
Si bien durante el tiroteo los rehenes recibieron un balazo en la cabeza cada uno, la autopsia también reveló que ambos tenían otros dos disparos mortales, Chaves uno que le perforó los pulmones y Santillán otro en el corazón.
Las pericias nunca pudieron determinar qué policías dispararon en la cabeza, pero sí identificaron a los dos policías que provocaron las otras dos lesiones mortales.
Tres médicos forenses que hicieron las autopsias aclararon este punto ante el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, en la sexta jornada del juicio oral que se le sigue a los policías que mataron o dispararon contra los rehenes.
Los profesionales que prestaron testimonio fueron los médicos forenses Roberto Silicani, perito oficial de los Tribunales de San Nicolás y Ricardo Fracchia y Manuel Caro, forenses de la Policía de San Nicolás.
Los médicos coincidieron en que tanto las heridas recibidas por Chaves como por Santillán eran mortales.
En Chaves porque un proyectil destruyó su aurícula derecha (muerte fulminante en tres o cuatro segundos) y porque otro perforó sus pulmones provocando hemorragias interpericárdicas e intertorácicas, con un desenlace fatal no tan inmediato.
Ese balazo de FAL en los pulmones de Chaves -identificado en las pericias como la trayectoria 25-, es que le atribuyen haber efectuado al suboficial principal Oscar Parodi, razón por la que está imputado como coautor de homicidio simple.
Las heridas de Santillán, dijeron los legistas, fueron igualmente mortales ya que uno o más disparos le destrozaron la calota craneana (los proyectiles no fueron hallados) y el otro también lo alcanzó en la región auricular de su corazón.
El disparo de FAL en el corazón de Santillán -trayectoria 19-, fue adjudicado al sargento Ramón Leyva, al igual que Parodi, procesado como coautor de homicidio.
En tanto, un perito de control solicitado oportunamente por el tribunal rosarino a cargo del juicio convalidó hoy las pericias balísticas efectuadas por expertos de Gendarmería Nacional.
"A mi modesto entender, el personal que ha actuado en esta tarea pericial es, a manera referencial, lo mejor que se puede hallar en el país", expresó el licenciado Walter Gorbak, de la Cámara Nacional del Crimen y Correccional de Buenos Aires, quien fue sorteado para representar al tribunal federal en la ampliatoria pericial registrada bajo en número 31.885.
La exposición de Gorbak refutó los cuestionamientos que ayer brindó el perito de partes Mauricio Vecchi, designado por la defensa del suboficial Parodi, procesado como coautor del homicidio de Chaves.
"Si hubiera advertido alguna deficiencia mi deber hubiera sido hacerlo notar y expresar mi disidencia", afirmó el experto de 29 años.
La denominada masacre de Villa Ramallo se produjo entre el 16 y 17 de setiembre de 1999 cuando tres ladrones intentaron asaltar la sucursal del Banco de la Nación Argentina de esa ciudad del norte bonaerense y tomaron seis rehenes, tres de los cuales fueron liberados mediante negociaciones.
Tras 20 horas, los delincuentes quisieron escapar con los tres rehenes restantes como escudos humanos a bordo del Volkswagen Polo del gerente, Carlos Chaves, vehículo que en 36 segundos y medio recibió 48 balazos policiales.
Chaves y el contador del banco Carlos Santillán murieron en el acto, al igual que el delincuente Javier Hernández. La esposa del gerente, Flora Lacave, y el ladrón Carlos 'Negro' Martínez, fueron heridos, y el único ileso, el asaltante Martín Saldaña, luego apareció ahorcado en una comisaría.
Este es el segundo juicio por el caso, ya que en el primero, realizado en setiembre de 2001, fueron condenadas siete personas, entre ellas un policía, por el robo al banco.
En el actual juicio oral están siendo juzgado además de Parodi y Leyva, el cabo Carlos Aravena, el cabo primero Ramón Sánchez, el sargento Sergio Garea, el sargento ayudante Martín San Miguel y el cabo primero Sergio Susperreguy.
Un octavo policía, el comisario inspector Omar Isaías está siendo juzgado pero no por las muertes sino imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, acusado de no haber preservado la escena del crimen de donde desaparecieron un handy con el que los delincuentes escuchaban la frecuencia policial y una ametralladora Uzi. (Télam).