Al cabo de difíciles procesos de discusión, las provincias de Córdoba y Salta llegaron a firmar acuerdos con las empresas prestatarias de los servicios sanitarios.
En el primer caso, se trata de la provisión del servicio de agua potable a la capital mediterránea (un curioso esquema en el que los servicios cloacales no están en manos del mismo prestador); y en el segundo, para la gestión y ampliación de los servicios sanitarios de la ciudad de Salta, donde se acordó prorrogar la renegociación contractual (pero bajo la expresa renuncia a la posibilidad de eventuales reclamos judiciales de ambas partes).
En La Docta al servicio de colectoras cloacales lo presta el municipio y -como en Santa Fe y Buenos Aires- obtuvo la concesión una empresa del grupo francés Suez-Lyonnaise.
Claro que en ese contrato, el objetivo ha sido simplemente la gestión del servicio de potabilización y distribución de agua con un canon que debe pagar Aguas Cordobesas para explotar ese negocio (que tiene un potencial de facturación similar al de la ciudad de Rosario).
El acuerdo firmado entre el gobierno de De la Sota y la firma prestadora es el resultado de una pulseada por la deuda que mantiene la compañía, desde que se produjo la devaluación.
El Estado -después de amenazar con rescindirle el contrato- aceptó una refinanciación de un pasivo que llegó a sumar 10 millones. En el mismo acto la empresa debió pagar -en efectivo- 3,2 millones del canon adeudado. (La misma ley que autorizó la privatización dispone que a esos fondos el gobierno sólo pueda usarlos para hacer obras de saneamiento).
Las diferencias con el contrato santafesino son importantes: en Córdoba, la prestación comprende una ciudad; aquí son 15 distritos dispersos en todo el territorio provincial.
Allá sólo se privatizó la gestión del servicio, aquí además de esas tareas, se celebró un contrato con un objetivo más ambicioso: la extensión de los servicios a todos los pobladores del área concesionada al cabo de 30 años, sin canon.
En síntesis, la privatización hecha en Santa Fe en los '90, confió en la capacidad de inversión del sector privado. Se creó un pliego de licitación que pautó las metas y desarrollos.
En 1995 se estimó que eran necesarios unos mil millones de dólares para cumplir el contrato de tres décadas. Sin embargo, hoy la empresa rechaza la posibilidad de ejecutar las obras si no hay cambios mayores en el contrato.
La privatización salteña también comprende sólo a un distrito importante y concentrado: la ciudad capital, y el operador que lidera la Sociedad Prestadora Aguas de Salta SA, es Latin Aguas, que también tiene el mismo rol, en la empresa privatizada Aguas de Corrientes S.A. de la capital de esa provincia y gerencia a Aguas de La Rioja.
En ese contrato de concesión, las partes decidieron prorrogar la renegociación de mutuo acuerdo pero asegurándose los representantes del sector público de que la empresa renunciará a la tramitación de un reclamo judicial si se llega a un acuerdo mayor.
En ese contexto, sigue congelada la tarifa y suspendidas las metas de desarrollos para la firma, aunque ambas partes han acordado la creación de una fuente de financiación ajena a la concesión: la creación de un fondo fiduciario y préstamos del Fonplata (una alternativa similar a lo hecho por el gobierno nacional en Buenos Aires con Aguas Argentinas).