Por quinta sesión consecutiva, la oposición ante el silencio del oficialismo, que sigue sin asumir su fractura en este tema, fracasó en su intento de darle tratamiento sobre tablas o preferencia para la próxima sesión, al nuevo sistema electoral de internas abiertas, obligatorias y simultáneas que propicia el Poder Ejecutivo y que tuvo el apoyo prácticamente unánime en la Cámara de Diputados. En el primer caso lo había pedido el socialismo; en el segundo los legisladores radicales (ver aparte).

De nada han valido los reiterados argumentos de los bloques de la oposición, solicitando el tratamiento ante el silencio de los 15 senadores del justicialismo, que están divididos en sus votos, pero no lo manifiestan en el recinto donde sólo los une el silencio y el hastío cuando deben escuchar los reiterados reclamos.

Salvo que ocurra algún acuerdo inesperado, la derogación del régimen de Lemas deberá esperar, en consecuencia, hasta que en diciembre comience el período extraordinario de sesiones. Hasta anoche, parecía difícil un cambio en las posiciones de cada uno.

En rápido tratamiento, con consensos logrados en comisión y escasos fundamentos, quedó sancionado el proyecto para la concreción de un programa sustentable denominado Bosques para siempre, que tuvo como autores a legisladores de varios bloques. Entre ellos: Hugo Marcucci, Alfredo Cecchi, José Pividori y Aldo Strada.

El senador Felipe Michlig explicó que la ley fue consensuada con numerosas entidades relacionadas con temas ecológicos, y tendrá como principal objetivo conservar, recuperar y aprovechar en forma sustentable, los recursos naturales renovables de bosques y pastizales, apoyando a los productores e instituciones para mejorar las condiciones de vida en la población rural. El programa deberá iniciarse, según la ley, con recursos a incluir en el presupuesto 2005.

En cambio, retornó a la Cámara de Diputados por las reformas introducidas, otro proyecto de ley, de autoría de Santiago Mascheroni, propiciando la prohibición de talas, destrucción o quemas de montes y bosques nativos por el término de 180 días. La Cámara Alta, por intervención de Hugo Pucheta, le introdujo una enmienda para excluir a las Pymes y emprendimientos que producen carbón.

Posteriormente se aprobó, sin debate y por unanimidad, un proyecto de autoría del socialista Sergio Liberati, estableciendo un marco normativo en toda la provincia para la instalación de telefonía móvil.

La iniciativa regula la ubicación de antenas, fiscaliza su instalación, los sistemas troncales y todas las exigencias que deben cumplimentar, incluyendo estudios del impacto ambiental.

Por otro proyecto se sancionó la autorización que se otorga anualmente al gobernador de la provincia, para ausentarse del país, cuando razones de Estado lo justifiquen, y se dio solución al populoso barrio obrero Pueblo Nuevo, de Las Toscas, autorizando al Poder Ejecutivo la expropiación de los terrenos que hoy ocupan y que por problemas legales están a punto de ser rematados.

Asimismo, se aprobó por unanimidad una propuesta que estaba a punto de caducar, cuya autoría fue el ex diputado de Angel D'Ambrosio, que tiene que ver con el otorgamiento de status industrial a las empresas que producen software.

La actitud de nueve senadores oficialistas negándose a darle tratamiento a los proyectos para la formulación de una nueva ley electoral, pone de manifiesto cómo, algunas veces, en un sistema democrático inmaduro, las minorías pueden convertirse en mayoría.

Los legisladores tienen derecho a votar o debatir leyes según su propio criterio y eso es sano para el sistema. Sin embargo, no tienen derecho a esquivar el debate y a utilizar un recurso reglamentario deplorable, como es evitar su tratamiento para impedir que se sancione una ley, distinta a la que sustentan en clara minoría.

Es que sobre 69 legisladores que integran el Poder Legislativo, los 49 en la Cámara de Diputados -con una sola abstención que no es un voto en contra- se manifestaron dos veces por derogar el régimen de lemas y abrir las puertas a un nuevo sistema electoral.

En la Cámara Alta, sobre diecinueve senadores, diez -seis justicialistas y cuatro de la oposición- también se han expresado por el nuevo sistema electoral que, justo es decirlo, no los satisface plenamente pero lo consideran superador al régimen de lemas.

Por razones reglamentarias, los nueve opositores al nuevo sistema electoral se han negado sistemáticamente a darle número a sus pares para el tratamiento en el recinto, porque saben que si el proyecto se trata, automáticamente queda consagrada la derogación de la ley, que acuerdos mediante, les ha posibilitado a muchos mantener su banca y sus privilegios.

Lamentablemente, el caso de la ley de Lemas pone de manifiesto una laguna legal del sistema que permite a las minorías convertirse en mayorías.

Por razones diversas, entre ellas el Congreso de la Lengua que llevó parte de las autoridades a Rosario y por notorias ausencias de legisladores, fracasó la Asamblea Legislativa que debía tratar los pliegos de designación de un camarista penal para Santa Fe y de una jueza de Instrucción para Melincué. Fue convocada, nuevamente, para el próximo jueves 25 a las 11.

Cabe señalar que el pasado miércoles, dos empleados del Poder Judicial del sur, en una actitud participativa que no tiene muchos antecedentes, formularon objeciones al comportamiento de la propuesta para el cargo de Melincué, situación que debe evaluar la citada comisión.

Durante la sesión, la Cámara dio tratamiento a 10 proyectos de ley de los cuales 5 tuvieron sanción definitiva y el resto aprobación y pase a Diputados.

En cambio, fue postergado nuevamente el tratamiento de la ley de creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios y tampoco tuvo tratamiento una ley para reglamentar el funcionamiento de quienes realizan auditorías contables en municipios y comunas.

Se consideraron, además, 13 proyectos de comunicación, 4 de declaración y 5 pedidos de informes, entre ellos uno de Felipe Michlig, destinado a conocer cuál es la política de seguridad en Santa Fe. El requerimiento abarca cuestiones de índole policial, el sistema carcelario y la seguridad privada.