Gendarmería Nacional iniciará en los próximos días una pericia contable en busca de elementos que sirvan de prueba en el marco de las investigaciones que realiza la Justicia Federal, para determinar si existieron irregularidades en el manejo de los subsidios nacionales a empresas de colectivos locales.
De esta manera, se analizará documentación recabada a nivel nacional, datos suministrados por la Municipalidad de Santa Fe y por las empresas de transporte urbano. Según trascendió de fuentes cercanas a la causa, el peritaje contable estará en manos de expertos de Gendarmería en Capital Federal.
En octubre pasado, la fiscal federal Griselda Tessio había pedido al juez Reynaldo Rodríguez que indague, al menos, a cinco personas.
Sin embargo, el magistrado consideró que no es éste el momento de avanzar en dichas indagatorias y, que previamente, los investigadores deben seguir recabando elementos que puedan servir para incriminar a los sospechosos de mentir al declarar el número de colectivos en circulación, con el objetivo de obtener mayores subsidios.
Hasta el momento, la Justicia cuenta con información suministrada por la Nación, la Provincia, la Municipalidad y, además, tiene en sus manos los resultados de un relevamiento que realizó la Policía Federal en cada una de las empresas de colectivos. En dicho estudio se detectaron irregularidades en las patentes de las unidades, números de chasis, motores, etc.
El objetivo fue comparar la información recabada con los datos suministrados por la Municipalidad acerca de cómo está compuesto el sistema. A principios de setiembre, El Litoral revelaba que esta verificación realizada por la Policía Federal había detectado una serie de irregularidades.
Existen tres líneas diferentes de subsidios: una a través del denominado Sistau, que es un apoyo general al transporte urbano de colectivos; otro por medio de un precio diferenciado en la compra de gasoil y, finalmente, aparece un tercero específico para las empresas de Santa Fe, por haber sufrido las consecuencias de la inundación del río Salado.
La Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) establece penas de prisión que van de tres años y seis meses, a nueve años, para quienes en forma "engañosa se aprovecharen indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria, siempre que el monto anual sea superior a los 100 pesos".