El portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, advirtió hoy que impedirle a monseñor Antonio Baseotto ejercer su ministerio pastoral significaría una "violación de la libertad religiosa", en el marco del relevo del obispo como vicario castrense decidido por el presidente Néstor Kirchner.

Navarro Valls precisó que el Papa Juan Pablo II aún no recibió la comunicación oficial acerca de la resolución del gobierno argentino de dejar sin efecto el acuerdo por el cual Baseotto fue designado obispo castrense, a raíz de sus polémicas declaraciones contra la despenalización del aborto.

Según informaron agencias internacionales, el vocero de la Santa Sede sostuvo que el Vaticano "continúa a la espera de una comunicación oficial por parte de la Argentina al Pontífice" sobre la decisión que involucra a Baseotto.

Pero alertó: "Si se impide ejercer el ministerio pastoral a un obispo legítimamente nombrado por la Santa Sede según las normas del derecho canónico y los acuerdos vigentes, nos encontraríamos frente a una violación de la libertad religiosa, así como de estos acuerdos".

Minutos después de que se conocieran los dichos del portavoz papal, la Conferencia Episcopal Argentina cuestionó hoy la decisión del gobierno, al calificarla de "apresurada y unilateral", y abogó por el diálogo en lugar de "alentar disputas estériles que, algunas veces, responden a intenciones encubiertas".

La institución encabezada por monseñor Eduardo Mirás emitió esta mañana un comunicado en el que dijo lamentar que este "conflicto, librado a la competencia de los medios, no haya sido atendido con la prudencia que merecía.

"Deploramos que esta determinación apresurada y unilateral entorpezca, precisamente en estos días de Semana Santa, el habitual desarrollo del ministerio que la Iglesia encomienda al obispo castrense, quien tiene bajo su inmediato cuidado pastoral a una específica comunidad del pueblo de Dios, extendida por todo el país", alertó el documento.

Ayer, la agencia Aica difundió una carta enviada desde el Vaticano por el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, cardenal Alfonso López Trujillo, en la que el religioso manifestó su apoyo a Baseotto "en esta hora de prueba, por dar testimonio de la verdad contra el aborto, la ejecución capital de un inocente en el seno de la madre, y sobre el preservativo, que en varios países se empieza a ofrecer a niños y jóvenes, aumentando los riesgos morales y también físicos, para garantizar un imposible sexo seguro".

Las entidades defensoras de los Derechos Humanos, en cambio, evaluaron positivamente la decisión presidencial. El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) destacó las facultades del jefe de Estado para "iniciar una investigación administrativa y realizar las gestiones pertinentes ante la Santa Sede para que sea removido de su cargo.

"Las palabras del obispo castrense no hacen más que ir en contra del camino que eligió la sociedad argentina para enfrentar por la vía adecuada, la Justicia, los crímenes de la última dictadura militar", expresó la entidad.

La duplicidad del rol de monseñor Baseotto es el punto basal del conflicto. Históricamente, el poder político ha soportado mejor o peor las críticas vertidas desde la Iglesia. Es una cuestión de diplomacia y de respeto a la libertad de expresión. Pero, en este caso, el obispo tiene rango de funcionario y ocupa un cargo en una fuerza cuyo comandante es el propio presidente. Más allá del escaso aporte al debate de fondo que hace el exabrupto del religioso y lo intempestivo -y acaso imprudente- de la reacción presidencial, el debate que surge es sobre la pertinencia de conservar, en la Argentina del siglo XXI, la institución del obispado castrense.

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó con dureza la decisión del Vaticano de respaldar al obispo castrense, Antonio Baseotto, y opinó que el Papa, Juan Pablo II "va a morir quemado en el infierno, incendiado, incinerado por todo lo que dice" y juzgó que ante su actitud, "no hay perdón posible, ni de Dios".

La decisión del presidente con respecto a monseñor Antonio Baseotto surgió como la "más diplomática" de las opciones que se le abrían ante el conflicto desatado. No obstante, fuentes oficiosas del Episcopado advirtieron que, si bien el presidente debe aprobar el nombramiento del obispo castrense, luego de eso ya no tiene injerencia, con lo cual la remoción dispuesta "no tiene valor jurídico alguno".

Baseotto había sido designado obispo castrense en 2002 por el entonces presidente interino Eduardo Duhalde, por recomendación de su secretario de Culto, Esteban Caselli, quien fue embajador ante el Vaticano durante el gobierno de Carlos Menem.

Kirchner lo removió de su cargo después de una reunión con Alberto Fernández, Rafael Bielsa y los secretarios de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zanini, y de Culto, Guillermo Olivieri.

Los funcionarios le acercaron al presidente varias posibilidades para el caso, después de que el jueves se tomó la decisión de dar una respuesta a la controversia, tras la ratificación vaticana de Baseotto. "Se decidió por la más diplomática, con el propósito de no abrir un conflicto con el Vaticano", dijo a este diario una fuente de la Rosada.

De hecho, el retiro del acuerdo al obispo castrense y la suspensión de la remuneración de 5 mil pesos mensuales hasta que fuera designado su sucesor, es la respuesta de menor dureza que tenía el presidente sobre la mesa. Como una profundización del enfrentamiento, habría sido interpretada la suspensión del funcionamiento del obispado castrense, que incluye a diez religiosos con sueldos del Estado por un total de 20 mil pesos mensuales. O la denuncia del tratado que se firmó con el Vaticano en 1957, por el que se creó el vicariato castrense y que fue ratificado en 1986 y 1992, en este último caso cuando se elevó su jerarquía a la de diócesis.

De las tres opciones, Kirchner decidió por la menos conflictiva. De allí que al máximo nivel del gobierno se descartaba ayer una escalada en el conflicto. "No hay temor a una represalia (del Vaticano)", dijo una de las fuentes.

La decisión del gobierno de Néstor Kirchner de retirar el acuerdo del obispo castrense Antonio Baseotto suma un nuevo capítulo a la historia de conflictos entre el Estado argentino y la Iglesia Católica que se puede remontar a fines del siglo XIX.

En octubre de 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, el entonces nuncio papal Luis Mattera fue expulsado por su accionar contra la ley 1.420 de educación laica en las escuelas solventadas por el Estado.

El representante de la Santa Sede quiso evitar inclusive que llegaran a la Argentina maestras normales contratadas por el Poder Ejecutivo en Estados Unidos para la dirección de los establecimientos de enseñanza oficiales y laicos.

En junio de 1955, la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas y los proyectos para impulsar aspectos resistidos por la Iglesia, como el divorcio, y la posibilidad de que no se jure por los Santos Evangelios, marcaron un pico de tensión con el gobierno de Juan Domingo Perón.

El 12 de junio, durante la fiesta de Corpus Christi, la Iglesia organizó una concentración que llevó a Perón a expulsar al obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Manuel Tato, y a monseñor Ramón Novoa.

El 1° de noviembre de 1987, el entonces presidente radical Raúl Alfonsín se subió al púlpito de la iglesia Stella Maris para responder las críticas del vicario castrense, monseñor Miguel Medina, sobre la "corrupción" de los políticos, durante la celebración del oficio religioso por el Día de los Muertos. (Télam).