Rosario (C).- Fue una de las denuncias de corrupción más resonante de la década pasada en la provincia. La causa por la que se investiga la supuesta comisión de ilícitos en la adquisición de equipos de informática de IBM por parte del Banco de Santa Fe (BSF) está en la antesala de una resolución definitiva. La pesquisa de una licitación millonaria y polémica, consumada hace 14 años, termina con cinco acusados, a los que una fiscal acaba de rechazar el beneficio del sobreseimiento. En la próxima quincena puede quedar explicado por qué razón la entidad bancaria contrató por encima de los valores de mercado, no admitió la oferta más baja y modificó pliegos para favorecer a la multinacional estadounidense.

La investigación judicial del contrato IBM-Banco de Santa Fe reunió elementos que, en la instrucción, consolidaron la idea de una adjudicación hecha a medida del ganador. El 11 de junio de 1991 el banco firmó el contrato 1036/91, por el cual la empresa informática se comprometía a instalar equipos y programas en 49 sucursales a cambio de 28.765.000 pesos/dólares pagaderos en 60 meses. Para llegar a ese momento las partes atravesaron un fangoso terreno de sospechas, donde las empresas que cotizaron las mejores ofertas fueron desestimadas. IBM, que había sido descalificada por no pasar el nivel de los requisitos técnicos, resultó admitida tras declararse desierto el primer concurso.

Convocado el primer llamado, que era para informatizar 133 sucursales, solamente las firmas Itron y NCR habían conseguido calificar. La última fue la ganadora al cotizar más bajo para las obras integrales. No obstante, como el BSF había cerrado 36 agencias invitó a cotizar nuevamente e incluyó a IBM. Eso provocó la automática protesta de Itron y NCR, ya que IBM no había calificado técnicamente.

Sin embargo, el proceso siguió adelante. Por segunda vez, NCR presentó la oferta más baja, pero de nuevo el banco aplazó el concurso por juzgar elevadas las cifras ofrecidas. Finalmente, encomendó una propuesta a IBM para equipar a solamente 49 sucursales. Terminó cerrando trato y pagando la primera cuota el 12 de setiembre de 1991. Aunque NCR impugnó el contrato, el directorio del BSF desconoció esa objeción.

A mediados de 1996 el accidentado curso de la informatización del banco quedó al descubierto en la investigación que el juez de Instrucción N� 9, Carlos Carbone, tramitaba desde 1994. Las irregularidades de la contratación emergieron tras el estudio de la consultora González Fisher, que elaboró una auditoría lapidaria sobre el trámite. El documento encontró una "directa correspondencia" entre las modificaciones de la licitación y las sugerencias presentadas por IBM. Señalaba que no había razón para que los reclamos de IBM para cambiar los pliegos se hubiese atendido cuando esta firma no había calificado técnicamente.

A mediados de 1998 el juez Carbone procesó a doce personas que intervinieron en el trámite licitatorio. De ese grupo, solamente cinco llegaron al final del juicio como acusados con procesamientos confirmados. Ellos son Nicolás Baclini, que era presidente del BSF, único de la entidad financiera enjuiciado. Por IBM, deben responder el entonces vicepresidente de la corporación en Argentina, Gustavo Soriani, y el gerente de la sucursal Rosario, Juan Mongini. Por Consad, que fue la subcontratista y proveedora del software, Liliana Almozny. El último imputado es Carlos Schillagi, de la firma Genesus (ex Computational 3), que fue proveedora de equipos.

Hace dos semanas el representante legal de los acusados requirió que se beneficie a los imputados con la reciente ley que modificó los plazos de prescripción en las causas penales, con el argumento de que habían pasado seis años del último acto procesal en la causa. La fiscal Graciela Argüelles consideró que el trámite no está prescripto y rechazó la petición. En los próximos quince días, el juez de Sentencia N�6, Julio César García, pronunciará el demorado veredicto de esta causa.