Un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación respaldado por el gobierno de Néstor Kirchner, propone resarcir a los argentinos que debieron exiliarse durante la última dictadura militar. La iniciativa ya tiene el aval del Senado, y establece el pago de 74,66 pesos por día de exilio. No sólo contempla a quienes se fueron, sino también a los menores que nacieron en el extranjero por la persecución que sufrieron sus padres. La aplicación de la futura ley implicaría el desembolso de más de mil millones de pesos.

Pero el proyecto genera polémica. Algunos diputados se preguntan por qué deben ser indemnizados los exiliados, y no aquéllos que permanecieron en el país sufriendo la pérdida de su trabajo o la expulsión de la universidad. Otros plantean dudas sobre cómo acreditar que una persona se haya exiliado realmente por razones políticas.

Acerca de este último punto, el proyecto plantea requisitos estrictos para quienes pretendan acceder al beneficio: una certificación emitida por la autoridad competente de asilo, que detalle la condición y el período de asilado; una certificación de refugiado emitida por el país de refugio o por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o una resolución judicial fundada del fuero federal, con los detalles y los motivos del exilio.

El debate no encuentra ajena a la provincia de Santa Fe, que tuvo varias decenas de exiliados. El actual diputado nacional Angel Baltuzzi (PJ), por ejemplo, padeció el exilio en España, nación que junto a Venezuela y México, albergaron a la mayoría de los santafesinos que dejaron el país.

"Estoy a favor del proyecto; la mayoría de la gente que conocí en el exilio perdió sus estudios jurídicos y sus trabajos; sus casas fueron saqueadas; o fueron expulsados de las universidades. Todas experiencias traumáticas, así que me parece razonable que exista algún tipo de compensación". Consultado por El Litoral, el legislador aclaró que le molesta opinar sobre el tema por ser juez y parte; incluso, adelantó su abstención al momento de la votación.

Respecto de los puntos polémicos de la norma, consideró que una buena manera de salvarlos sería reabriendo la posibilidad de que se levanten las prescripciones de las causas vinculadas con estos temas.

"Por la vía judicial se puede demostrar y probar todo lo que sea necesario. Por supuesto que debe haber recaudos para que no haya fraudes, pero en cuestión de pruebas, siempre se pueden encontrar elementos", opinó. Baltuzzi dijo que nunca pensó en una indemnización, pero la consideró justa.

Algunos referentes santafesinos de la oposición prefirieron la cautela.

"El tema me parece complicado porque probar que una persona se exilió debido a una persecución política sería lo más sencillo, sin embargo, hubo muchos otros que se exiliaron por temor, o simplemente por no querer vivir en un país con dictadura", sostuvo Alberto Beccani (UCR) consultado por este diario.

El legislador reparó precisamente en los denominados exiliados internos, aquéllos que perdieron sus cargos y trabajos por quedarse en el país y, sin embargo, no están contemplados en el proyecto de ley.

"Habría que ser muy cuidadosos, porque tampoco sabemos cómo se calcularon los montos, ni si éstos representan mucho o poco dinero para el indemnizado. Son situaciones delicadas, además, habría que ver qué evolución posterior al exilio han tenido estas personas, cómo llegaron y cómo están ahora".

A su criterio, sería más un tema para dirimir en la justicia a través de un reclamo por daños y perjuicios, que por medio de una ley de tipo colectivo.

Por su parte, la diputada nacional Susana García (ARI), adelantó el respaldo de su bloque al proyecto, aunque consideró que debería conocerse "a fondo" cómo se concederán los recursos y de dónde provendrán.

"Es una forma de resarcir, no la ideal, pero al menos una manera de recompensar a quienes en momentos tan difíciles les tocó estar afuera".

La legisladora reconoció que en algunos casos es difícil probar el exilio, y coincidió en señalar que muchos de los que se quedaron padecieron iguales o peores consecuencias. "Es cierto. Hubo gente que vivió en sótanos, y que perdió allí parte de sus vidas. Pero el tema será discutido y veremos".

El proyecto sería tratado en las próximas semanas en la Cámara de Diputados. Algunas fuentes legislativas no descartaron reformas al proyecto original que ya votó el Senado.

La cantidad de exiliados que hubo en el país durante los años de plomo es imprecisa -rondaría entre las 4 mil y diez mil personas- y muy difícil de determinar, sobre todo, porque muchos de los que se fueron no están munidos de documentación.

La situación es idéntica en esta provincia. Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos no se atrevieron ni siquiera a estimar el número de personas que debieron abandonar el país por persecución política. Con la misma ambigüedad, el diputado Angel Baltuzzi, arriesgó que serían "unas varias decenas de personas".

Beatriz Pfeiffer, directora provincial de la Memoria, vaticinó que en la provincia, la mayoría de los exiliados no podrían aportar los elementos probatorios que exige el proyecto de ley. "Todas las situaciones son justificables, pero es imposible resolverlas en esta coyuntura", explicó.

Por su parte, Domingo Pochettino, actual secretario de Derechos Humanos y exiliado durante algunos años en Bolivia, consideró que la ley presenta una cuestión de fondo que es justa y opinó que sus fundamentos son correctos.

"De todas maneras, habrá que acotarla bien para que la gente beneficiada sea realmente la que estuvo fuera por persecución política, porque estaba en riesgo su vida, y no que haya fraude".

Consultado por El Litoral sobre el exiliado interno, consideró que estos casos también tienen fundamentos como para ser planteados, pero entendió que tal vez sea necesaria otra ley. "Claro que estas situaciones serán más difíciles aún de probar", sentenció.