¿Han caducado los derechos del Estado para cobrar boletas impagas de la ex Dipos? El debate, de alcance jurídico (y con otras consecuencias más prácticas), se repitió en la última sesión del Senado, que decidió insistir con su propio proyecto frente a otro remitido por Diputados.
El tema sigue -también desde el punto de vista legislativo- sin definición, ya que nuevamente tendrá la palabra la Cámara Baja.
En el Senado, el radical Carlos Fascendini y Patricia Sandoz, de la bancada socialista, se abstuvieron de votar la insistencia porque entienden que ha cambiado la situación respecto de fines de 2004.
Advirtieron que un fallo de la Justicia santafesina (en primera instancia), promovido por la empresa Filcrosa, frente a reclamos por boletas impagas de la ex Dipos, considera ya nulas esas acreencias del Estado.
Los senadores opositores entienden que una ley que habilite a otorgar una suerte de moratoria, facilidades de pago o condonación para las deudas por servicios de agua potable y cloacas (previos a la privatización), "ya no tiene sentido", por el citado antecedente jurídico.
Sin embargo, los representantes departamentales del oficialismo que votaron afirmativamente entienden -en los fundamentos de la iniciativa con media sanción- que sí están vigentes esos derechos del Estado para exigir el cobro, producir moratorias o condonar deudas.
El tema ahora vuelve a Diputados, donde ya hay quienes se preocupan, además, por los efectos ulteriores de sancionar una norma de este tipo, que también pueda servir a eventuales reclamos similares, pero de la actual prestadora privada del servicio.
El órgano residual
Al privatizarse la Dipos, se creó un órgano residual que tomó toda su cartera de morosos, buena parte considerada incobrable. Lo obtenido sirvió para cubrir los 16 millones de pesos que costó al fisco la operación de traspaso de la empresa al sector privado.
El Programa de Propiedad Participada costó 4,7 millones y el plan de retiros voluntarios para la concesionaria (que solventó el sector público para reducir la planta de personal), otros 10 millones. A esa cifra se suman los servicios de consultoría, entre otros gastos.
Además, antes de privatizar, el Estado hizo obras de cloacas, cuyo préstamo quedó para la ex Dipos Residual, pagos que sumaron alrededor de 3,6 millones.
En cuanto a las acreencias, un informe de Fiscalía de Estado de mediados de 2004 admite que 37.053 cuentas de usuarios no fueron saldadas. Restan al fisco $ 25.430.695 que, actualizados, llegan a $ 46.933.933,47 pesos.
La mitad de los deudores (16.181) nunca se presentó a formalizar ningún convenio y tampoco fue demandada. Otros 9.525 están en convenios de pago. A 8.776 se estaría en condiciones de iniciarles la demanda, aunque en muchos casos aún no hubo notificación.