Hernán Lascano
Decenas de familiares de detenidos acudieron esta mañana a Tribunales para presentar pedidos de hábeas corpus y reclamar sus traslados desde la cárcel de Coronda hacia otras unidades penales por señalar que allí corren peligro de muerte.
"En muchos pabellones, no solamente en el de las víctimas, hay personas que les vieron la cara a los asesinos. ¿Qué seguridad tienen ellos hoy? Por ser testigos corren grave peligro. Los tienen que sacar de ahí", dijo entre gemidos la madre de un recluso ante numerosos medios de prensa en el acceso a Tribunales.
"¿Cómo podemos estar tranquilos nosotros, si nadie se hace responsable de lo que pasó? Si la misma gente que debía garantizar la seguridad fue confirmada en sus puestos y hubo 14 muertos", exclamaba una mujer en la escalera externa del Palacio de Justicia.
Una de las que estaban allí era Nélida Gómez, la madre de Carlos Norberto Cartelli, un recluso asesinado en 2004 en Coronda. Gómez hizo una petición formal para que Monti cese en sus funciones, ya que está bajo investigación en la causa que debe esclarecer el homicidio de su hijo. "No entiendo cómo a esta persona la pusieron como director. Mi hijo fue asesinado por acción de algunos y por la omisión de otros", señaló Gómez al entrar al tribunal.
El nuevo alcaide de la prisión admitió esta mañana por LT8 que la causa judicial por el homicidio de Cartelli lo menciona. "Fue por una denuncia radicada oportunamente por la señora. La Justicia está investigando el tema. No tengo conocimiento de la resolución definitiva. En esa ocasión, la señora menciona un Monti, aunque somos varios los (penitenciarios) que tenemos ese apellido en la unidad. No se pudo determinar a ciencia cierta si se trata de mi persona u otra", planteó el funcionario.
Cartelli hizo presentaciones desde el año 2002 identificando por sus nombres a guardias que, según él, estaban implicados en la comercialización interna de estupefacientes. El 8 de noviembre pasado Cartelli fue asesinado. Hubo tres internos, señala Gómez, que fueron testigos de la muerte de su hijo. Uno de ellos era Jorge Martínez y fue asesinado a fines de noviembre de 2004. Los otros fueron dos de los catorce presos masacrados el lunes pasado. Eran Juan Ortigoza y Ramón Valenzuela. Estaban en el pabellón 11.
Monti rechazó esta mañana la idea de que una disputa política interna en el Servicio Penitenciario haya auspiciado la matanza. "Esto es una cuestión totalmente al margen. Hubo un problema de convivencia dentro del penal". El funcionario le dijo a Radio Dos que no desdeña de la presencia de organismos humanitarios para trabajar internamente por los derechos de los reclusos. "Estoy de acuerdo con todos los grupos y entidades que puedan aportar algo positivo a la institución y mejorarla en lo que sea posible".
No hay traslados
El director del penal, Carlos Monti, señaló que la seguridad interna está garantizada y que no es necesario hacer traslados para asegurar la integridad física de los internos. "Los traslados, si hubiera, los tiene que decidir la Justicia", señaló esta mañana el funcionario.
Las aclaraciones del funcionario salen al cruce del insistente pedido de familiares de detenidos rosarinos en Coronda.