El gobierno envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para establecer topes a los intereses que cobran las entidades emisoras de tarjetas de crédito a sus clientes.

El encargado de realizar el anuncio fue el ministro de Economía, Roberto Lavagna, en la Casa Rosada. El proyecto, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, es una reforma a la norma actual, cuya última modificación fue en 1998.

Según señaló Lavagna, la actual normativa sobre los denominados plásticos tiene "algunos vacíos que son aprovechados en contra de los intereses de los consumidores. Hay que evitar que los emisores tomen una ventaja excesiva de estos mercados tan dinámicos, en plena expansión, como es el caso de las tarjetas de crédito", enfatizó.

El Ejecutivo propone seis cambios a la norma vigente, de los cuales, los más importantes son tres. En primer lugar, "la tasa de interés no va a poder superar el 25% de lo que la entidad financiera cobra en materia de préstamos personales", indicó el jefe del Palacio de Hacienda.

Con respecto a la tasa de intereses punitorios, se destacó que deberá ser inferior al 50% de la aplicada por los bancos emisores para préstamos personales.

Desde la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor dijeron que se hizo una redacción mejorada de los artículos correspondientes, ya que los porcentajes máximos ya estaban establecidos. En el caso de los bancos que no ofrecen créditos personales, la tasa "se va a calcular sobre el promedio de las tasas del mercado para préstamos personales", agregó Lavagna.

El Banco Central queda facultado para fijar las tasas de referencia si se considera que la cantidad de préstamos personales otorgados por la entidad no resulta representativa.

Ese cambio, apunta a resolver uno de los huecos de la ley vigente: evitar que un banco que tiene por política no dar préstamos personales otorgue una cantidad ínfima con altos intereses sólo para aplicar en las financiaciones de las tarjetas una tasa diferente del valor promedio del mercado.

Las otras dos modificaciones clave se refieren a los cargos administrativos de las tarjetas y a las comisiones que se cobran cuando se extrae dinero. La primera, comprende los cargos administrativos de las tarjetas, uno de los aspectos más cuestionados por los usuarios, según señalaron desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

"Una vez que el proyecto se convierta en ley, deberán tener un alto grado de detalle y de información", agregó Lavagna.