Hace algo más de un año, el gobierno nacional presentó el llamado plan trienal estratégico, destinado a producir la reforma más profunda del sistema judicial argentino. Hoy se dice que esa política de Estado (anunciada en abril de 2004 por el presidente Néstor Kirchner junto a 22 gobernadores) fue "revisada y ordenada". En realidad, las propuestas de transformación del fuero federal han sido desactivadas.
Aquel plan incluía proyectos de amplio alcance en materia judicial, otros doce relacionados con la seguridad, reformas penitenciarias y la siempre prometida reforma política.
Había iniciativas para crear leyes que permitan juicios en 48 horas para delincuentes detenidos in fraganti, y otras para que las fiscalías funcionaran en los barrios.
También se buscaba reducir los miembros del Consejo de la Magistratura y lograr la demorada modificación procesal para cumplir con el mandato constitucional que promueve los juicios con jurados populares.
Esta última es una de las pocas iniciativas de cambio institucional que aún tiene trámite parlamentario y que el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, defendió ante el Senado.