Fuentes del Ministerio de Economía admitieron que el gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia que blanqueará la promoción no industrial -agropecuaria y turística- para 459 firmas de once provincias.
El costo fiscal de la medida alcanzaría unos 3.000 millones de pesos durante los próximos cinco años, según cálculos privados.
Una alta fuente del Palacio de Hacienda explicó al diario La Nación que el decreto busca terminar "de una vez y para siempre" con una situación irregular.
En el borrador de la medida, que se encuentra en estudio en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, se argumenta que sin la promoción fiscal cientos de proyectos de inversión se abandonarían.
El problema se remonta a un decreto del gobierno de Carlos Menem que en 1993 transfirió de la Nación a las provincias la autoridad para reasignar a otros proyectos el presupuesto destinado a la promoción no industrial, y para aprobar la reformulación del rubro de un emprendimiento en marcha. Es decir, si un proyecto con subvención se caía, la provincia podía redistribuir esa ayuda a otra iniciativa.
Esa transferencia de facultades sólo rigió hasta 1999, de acuerdo con lo establecido por el decreto de Menem. Sin embargo, desde 2000 en adelante las provincias siguieron haciendo uso de los poderes, reasignando cupos fiscales o permitiendo cambios en la naturaleza de las inversiones.
Una traba
Los proyectos autorizados desde entonces por las provincias se encontraron con una traba: la Afip les denegó el beneficio fiscal porque había sido autorizado por una autoridad ya sin competencia y no por la Nación. La situación irritó a los inversores que esperaban contar con la promoción y elevaron sus quejas ante los gobiernos provinciales y nacional. De ahí surgió la idea del Ministerio de Economía, que conduce Roberto Lavagna, de poner un punto final a la cuestión, destacó el matutino porteño.
A esta suerte de moratoria, Catamarca presentó 223 iniciativas; La Rioja, 122; Salta, 33; Santiago del Estero, 26; Mendoza, 20; Formosa, 13; Córdoba, siete; Corrientes, seis; Chaco, cinco, y Misiones, cuatro.
Según el decreto, la Afip aceptará los diferimientos impositivos de todos los proyectos autorizados en forma anómala por las provincias. Un "tratamiento diferencial" que reviste "carácter excepcional". El texto expresa que "es voluntad política del gobierno nacional procurar una extinción ordenada del régimen de promoción no industrial".