Dieciocho mil empleados del Estado fueron incorporados bajo el régimen de la resolución 48, conocida como de "transitoriedad", que les permite tener aportes jubilatorios, vacaciones, obra social y aguinaldo.
Agencia Télam
Los gremios estatales que negocian en "la gran mesa paritaria" reivindicaron "el primer resultado histórico" del diálogo con los funcionarios, luego de convenir la incorporación gradual de 18 mil trabajadores a la modalidad de la resolución 48 conocida como de "transitoriedad", que les permitirá tener aportes jubilatorios, vacaciones, obra social y aguinaldo, entre otros beneficios laborales.
El gobierno nacional y las conducciones de los sindicatos que integran el Frente de Gremios Estatales (FGE) acordaron en "la gran mesa paritaria" del sector público nacional la incorporación de 18 mil contratados a la resolución 48, confirmó Daniel Casas.
El secretario de Prensa porteño de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) explicó a Télam que la medida se implementará en forma gradual entre junio y septiembre próximos y aclaró que "el éxito obtenido" permitirá que esos empleados comiencen a tener aportes jubilatorios, obra social, vacaciones y otros beneficios.
Primer paso de la paritaria nacional
En un encuentro del Convenio Colectivo del Sector Público Nacional, realizado el jueves en la sede de la Subsecretaría de la Gestión Pública, en diagonal Norte y San Martín, se convino que 18 mil estatales contratados por decreto 1.184 -es decir, monotributistas- sean trasladados a la resolución "transitoria".
"Se trata del primer resultado concreto de la paritaria estatal, que posibilitará gradualmente que el personal tenga aportes jubilatorios, obra social, vacaciones y demás mejoras", aseguró Casas, quien afirmó que aunque la solución definitiva es "el pase a planta permanente", el logro demostró que el convenio colectivo es "la herramienta para la defensa de los derechos".
El martes 31 se reunirá en horario aún a determinar la paritaria del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (Pecifa) y, el 7 de junio, reanudará el diálogo "la gran mesa" en la sede de Trabajo para determinar el cronograma de convocatoria a la totalidad de los convenios colectivos vigentes en el Estado.
La situación de los trabajadores del Pecifa ha generado "hondas expectativas" entre los dirigentes estatales, ya que el sector fue excluido durante muchos años de las implicancias y beneficios del convenio colectivo marco de la administración, lo que fue recientemente reparado por funcionarios y sindicatos.
La "gran paritaria estatal" fue convocada por el Ejecutivo luego de un encuentro mantenido el día 4 de este mes entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y los 25 titulares del Frente de Gremios Estatales.
El encuentro paritario del jueves último, que preside el funcionario laboral José Vera, correspondió a los trabajadores del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Sinapa), quienes en su gran mayoría cumplen tareas y funciones en los ministerios.
Los funcionarios del gobierno y los sindicalistas de todos los gremios estatales inauguraron formalmente el 16 de este mes "la gran mesa de negociación paritaria" para el sector público y decidieron incorporar al "convenio marco" a empleados y docentes del Pecifa, excluidos del sistema desde hacía ya años.
La oportuna convocatoria oficial a paritarias levantó el plenario general de delegados convocado por el Frente para el 5 de este mes en la Federación de Box, Castro Barros 75, en el que los sindicatos amenazaban con declarar medidas de fuerza nacionales.
Los gremios procuraban acordar el blanqueo de los contratados -lo que se obtuvo ahora en forma "transitoria" para el Sinapa- y una urgente recomposición de los haberes, según las categorías.
El titular de la UPCN, Andrés Rodríguez, reivindicó el acuerdo del jueves, aunque afirmó que "se impone ahora recuperar todas las escalas y modernizar y efectivizar las carreras administrativas", a la vez que recordó que el gobierno nacional ya "había empeñado" su palabra para trasladar a todos "los contratados a la planta transitoria para que gocen de los derechos laborales".
"En una primera etapa la solución más inmediata debería pasar por quienes perciben ingresos inferiores a los 1.500 pesos mensuales, es decir, unos 9.900 trabajadores", dijo Rodríguez.
La última convención colectiva en el sector público fue convocada en 2002 y "no había funcionado", recordó el dirigente, quien apostó ahora por "la conquista" de los objetivos planteados.