Saturación carcelaria
En los últimos días, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe ordenó que se respetase la capacidad máxima de alojamiento de la Alcaidía de la Jefatura de Policía, un lugar conocido popularmente como "la piojera", debido al hacinamiento y a las condiciones infrahumanas a las que suelen verse sometidos los detenidos.
Ya en noviembre de 2003 -luego de una serie de motines-, el juez de Instrucción Julio César Costa y el fiscal Héctor Millen se presentaron en la Alcaidía y determinaron una serie de medidas para evitar la sobrepoblación. El tiempo pasó y las falencias volvieron a estar presentes.
El problema no es exclusivo de la Alcaidía, sino que se reproduce en cada uno de los institutos penales de la provincia, donde el número de detenidos supera ampliamente el alojamiento disponible. Por esta razón, centenares de presos terminan siendo alojados en comisarías, sin que éstas hayan sido adaptadas para esta función. En las seccionales de la ciudad de Santa Fe, hasta hace pocos días permanecían alrededor de 200 presos bajo la custodia de agentes, cuando sería más razonable destinar este personal policial a vigilar las calles para evitar el delito urbano.
Los anuncios relacionados con la construcción o ampliación de cárceles vienen siendo una constante durante la última década. Sin embargo, y más allá de que algunos llegaron a concretarse, el crecimiento del delito hace que todos los esfuerzos en este sentido resulten insuficientes.
Varias obras están demoradas. Por ejemplo, todavía no se ha firmado el contrato destinado a iniciar la construcción de la cárcel federal de Coronda y se postergó el trámite para una fecha aún no determinada.
El 6 de diciembre del año pasado -cuatro meses antes de la masacre de Coronda-, la Cámara de Apelaciones elevó un informe al Poder Ejecutivo en el que destacaba el deterioro general del edificio y advertía acerca del riesgo de posibles estallidos de violencia ante la gran concentración de detenidos en ese penal.
Más allá de los llamados de atención que se vienen planteando desde la Justicia, corresponde al Ejecutivo tomar las medidas adecuadas y destinar las inversiones necesarias en materia de política carcelaria. Mientras esto no ocurra, en las cárceles de la provincia se continuarán violando principios legales de la Argentina y de tratados internacionales.
Según el artículo 18 de la Constitución, las cárceles deben ser sanas, limpias y abocadas a la reinserción social de los presos. Sin embargo, la realidad actual transforma a los institutos penales en verdaderas escuelas de delincuentes, que terminan retroalimentando la violencia.
La construcción de institutos penales quizá no solucionará del todo el problema actual de inseguridad, ya que el auge de la delincuencia tiene, sin duda, profundas raíces sociales, económicas y culturales. Pero en el corto plazo resulta indispensable destinar fondos públicos para incrementar la capacidad de las cárceles y mejorar las condiciones de alojamiento de los internos.