Néstor Kirchner celebró íntimamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Revisó en su memoria y evocó que el 27 de mayo de 2003, a dos días de asumir la presidencia, su primera gran medida fue descabezar a la cúpula militar, lo que obligó al pase a retiro de 27 generales, 13 almirantes y 12 brigadieres, y la segunda, adoptada días después, abrir el proceso hacia la depuración del máximo Tribunal.

Después siguieron los gestos: el retiro de los retratos de los dictadores en el Colegio Militar, la recuperación de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para convertirla en un Museo de la Memoria y, hace apenas unos días, su decisión de no asistir a la conmemoración del Día del Ejército, en lo que fue interpretado como un desaire al titular de la fuerza por él mismo designado, Roberto Bendini.

Por eso, lo ocurrido esta semana viene a cerrar aquel círculo de la forma en que el presidente lo soñó en los tiempos en que sólo él podía imaginarse ocupando el máximo escalón del poder.

En el gobierno se asegura que los pasos que llevaron a la inconstitucionalidad de las leyes del Perdón no tuvieron en cuenta especulaciones sobre el daño que producirían. Sin embargo, el Ministerio de Justicia tuvo que ponerse a trabajar para cuantificar de manera general el número de posibles afectados por esta decisión de la Corte y concluyó que podría llegar a los 900 ó 1.000 militares, de los cuales menos del 20 por ciento se encuentra en actividad.

La cifra nada tiene que ver con la de militares en ejercicio que ocupaban puestos -por lo general jerárquicos- en las Fuerzas Armadas en 1990 lo que, de antemano, atenúa las consecuencias políticas del fallo. Inclusive es sabido que desde hace rato los cuadros más jóvenes viven como un lastre el pasado heredado de sus antecesores, dato que tomó en cuenta la cartera de Defensa, a cargo de José Pampuro, a la hora de evaluar el cuadro de situación.

Además, el futuro procesal de todos ellos depende de cada juez a cargo de las causas que investigan el accionar represivo, razón por la cual, nadie se atreve a especular cuál será el resultado jurídico -el simbólico ya es conocido- de la decisión de la Corte, aunque según fuentes del gobierno a la actual conducción de las Fuerzas Armadas les gustaría que -sea cual fuere el pronunciamiento de los jueces- se produzca rápidamente y de manera contundente, con tal de no prolongar la agonía.

Días atrás, conversando con colegas constitucionalistas sobre el histórico fallo, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, vaticinó: "Ahora viene el tema de los indultos". No se equivocaba, porque a horas de conocerse la decisión de la Corte, el propio Bendini salió a reclamarlos por supervivencia, con el argumento de que dentro de las Fuerzas Armadas no se toleraría la situación de efectivos de rango inferior juzgados por delitos de lesa humanidad, mientras sus superiores -es decir, los que impartían las órdenes- seguían libres gracias a los indultos de Carlos Menem.

El tema quedó instalado y, salvo por un cortocircuito entre Justicia y la jefatura de Gabinete, a la que le atribuyen haber salido confusamente a afirmar que el gobierno no impulsaría la anulación de los indultos, quedó claro que el camino será la vía judicial, a través de alguna causa que llegue a la Corte y produzca un nuevo pronunciamiento de inconstitucionalidad.

Respecto de los alcances de la medida, en el Ministerio de Justicia no dudan del carácter judicial del asunto y corrigen que el concepto de inconstitucionalidad que también le cabe a los indultos, si bien descansa sobre los delitos de lesa humanidad, tal como los define el Pacto de San José de Costa Rica, no distingue entre sectores estatales y no estatales.

La especulación actual es determinar si la anulación de los indultos pasará efectivamente por el camino judicial, a través de alguna causa que llegue al máximo tribunal de justicia, y éste produzca un nuevo pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad. La discusión surgió a partir de que tal anulación afectaría tanto a altos mandos de las Fuerzas Armadas como de las agrupaciones guerrilleras.