En el mismo sentido, se pronunció una serie de ONG's que intervienen en la temática, aludiendo a la "oportunidad histórica" para reforzar la credibilidad del organismo. Esto, sobre todo, en atención a que este gobierno ya nombró a cuatro de los nueve actuales ministros, y el nuevo recambio que surgiría a partir de la eventual remoción de Antonio Boggiano y la jubilación de Augusto Belluscio, lo pondría en posición de hacerlo con seis.

En realidad, el presidente Néstor Kirchner mostró extremo cuidado al proponer candidatos para el Alto Tribunal. Son juristas de prestigio -desde el ámbito académico o profesional-, insospechados de tener filiación político partidaria con el gobierno. Incluso, en fallos recientes mostraron tal independencia de movimientos, que motivaron cruces de declaraciones y hasta algún nivel de rispidez con el Poder Ejecutivo.

Todo lo cual realza lo actuado hasta el momento, pero a la vez da lugar a lecturas más suspicaces sobre el sentido que asumirán los próximos pasos.

En efecto, la polémica desatada en torno de las excarcelaciones de María Julia Alsogaray y el empresario Omar Chabán, y la necesidad de mantener la sintonía con el humor popular, llevó a que en el gobierno nacional se motorice la idea de seleccionar a los futuros ministros de la Corte tomando en cuenta su "visión macropolítica de la realidad", por oposición al parámetro "excesivamente dogmático" que atribuyen a los actuales ministros. Esta línea de razonamiento une la consideración del fallo sobre Chabán como "un cachetazo vergonzante" y la arremetida de la primera dama -en el Senado, durante el alegato de Boggiano-, contra quienes toman a la Justicia "como una religión", de la cual se sienten "sacerdotes o vestales", para convertir "a los principios jurídicos en dogmas".

Es decir que, tanto en un plano objetivo y formal, como en el análisis que pueda surgir de lecturas más coyunturales, una reforma legislativa que bloquee la posibilidad de nuevos nombramientos aparece como la opción más saludable. No debe escapar a la consideración que el aumento de cinco miembros a nueve fue producido en su momento por parte de Carlos Menem, sin más fundamento que el de procurarse la hoy extinguida "mayoría automática" y ante la inviabilidad de provocar remociones. Tanto por la preservación de su propia imagen, como para fortalecer la del Tribunal -que probablemente ganaría en eficacia y celeridad con la reducción, sobre todo si también se redimensiona debidamente su ámbito de competencia-, la opción más aconsejable para el presidente es evitar el riesgo de emular, aun con diversa cuestión de grado o matices diferentes, los vicios de su vapuleado antecesor.