Por obvias razones, el Estado no puede comportarse como un particular en el mercado: sus procedimientos para comprar bienes o contratar servicios deben respetar principios de equidad y transparencia.

El problema es que la ejecución administrativa de los trámites diseñados para cumplir esas pautas, puede terminar por conspirar contra los intereses del Estado, por el tiempo que se consume, entre despacho y despacho.

Hace poco el Ministerio de Obras y Servicios Públicos necesitaba cambiar equipos de computación. La compra fue de sólo 35 mil pesos, y siguió el procedimiento de una licitación pública: el trámite llevó varios meses y terminó bien. Sin embargo, se sabe que no hubo ningún tropiezo porque -entre otras cosas- no hubo aumentos de precios importantes en el rubro informático: si ello hubiese ocurrido, seguramente no habrían alcanzado los 35.000 para la misma compra.