Cada vez que se habla de una hipotética emergencia en la ciudad de Santa Fe, el imaginario colectivo se enfoca casi automáticamente en un contexto relacionado con las crecidas de los ríos.

Y no es para menos. Por un lado, porque las inundaciones de abril de 2003 dejaron profundas heridas en una sociedad que recuerda lo ocurrido como la mayor tragedia de su historia. Por otro, porque es indudable que se trata de una ciudad geográficamente ubicada en una zona de alto riesgo hídrico.

Sin embargo, las emergencias no sólo pueden plantearse a raíz de las lluvias o las crecidas; también existe la posibilidad de que surjan, por ejemplo, a partir de accidentes producidos en algunas de sus arterias principales, que forman parte de rutas de alto tránsito y que atraviesan zonas densamente urbanizadas.

Las avenidas Alem y 27 de Febrero son claros exponentes de esta situación. Hace tiempo, especialistas de la Dirección de Defensa Civil de la provincia elaboraron un listado de las sustancias peligrosas que con mayor frecuencia suelen transportar los camiones que circulan por la ciudad. Allí se detectaron, entre otros productos, combustibles líquidos y sólidos, cloro gaseoso, agua oxigenada, soda cáustica, ácido sulfúrico y amoníaco.

Cada elemento, a su manera, podría generar graves consecuencias en caso de un accidente cuya probabilidad siempre está latente. Frente a los combustibles, existe el riesgo de explosiones e incendios de magnitud. Los técnicos también plantean los efectos nocivos de eventuales derrames de ácidos u otros productos químicos que, incluso, podrían generar gases tóxicos.

Pero lo más preocupante es que nadie sabe con exactitud qué tipo de productos peligrosos circulan por las calles en determinados momentos, pues no existen verificaciones metódicas. A la hora de determinar quién debería hacerse cargo de estos controles, se ingresa a una suerte de maraña burocrática plagada de respuestas que llevan a una conclusión inequívoca: nadie tiene claro a qué persona u organismo le corresponde esta responsabilidad.

Para Defensa Civil, el control debería depender de Transporte de la provincia. Pero desde esta repartición se asegura que no están preparados para ese tipo de vigilancia y sostienen que la tarea debe recaer en Defensa Civil.

En la ruta 168 existe un puesto de Gendarmería Nacional, que tampoco verifica el paso de productos que pueden representar un riesgo para la población o para el medio ambiente.

A mediados de esta semana, la Municipalidad presentó un plan de contingencia en el que se plantea cómo deben reaccionar las autoridades y la ciudadanía en general frente a posibles emergencias. En dicho plan figura la creación de una Oficina Municipal de Gestión de Riesgo, que será la encargada de coordinar esfuerzos en este sentido.

Frente a la falta de controles y de reglas claras sobre el tránsito de sustancias peligrosas por avenidas de Santa Fe, tal vez resulte recomendable que desde dicha oficina se genere una política en este sentido, planteando acciones que, al menos, reduzcan los riesgos hoy latentes.