Fundados temores
Por Guillermo Villarreal (DyN)

La despenalización del aborto, la legalización de los matrimonios entre personas de un mismo sexo y la obligatoriedad de la educación sexual en las escuelas, son algunos de los proyectos de ley que la Iglesia analiza con especial atención.

La Comisión Episcopal de Seguimiento Legislativo ya tiene en su poder una reseña de las iniciativas y procura estudiarlas con premura, dado que sus miembros tienen "fundados temores" de que podrían tomar estado parlamentario en los próximos meses.

No se trata de simples cambios en la legislación, sino de -evaluaron algunos obispos consultados- "ataques certeros a la cultura de la vida que podrían asestarse en medio de los apuros eleccionarios de octubre".

El organismo que encabeza monseñor Sergio Fenoy, secretario general del Episcopado, no oculta su preocupación por el tenor jurídico y moral de los proyectos, aunque todavía no consensuó un reclamo institucional.

Sólo se escuchan voces aisladas de alarma. Tal el caso de monseñor Alejandro Buccolini (Río Gallegos), quien calificó de "nefatas" esas propuestas legislativas y alertó sobre sus "impredecibles" consecuencias. "Bastará con abrirles la puerta al debate y el horizonte que veremos no tendrá límites, por lo que no podemos quedarnos en un silencio temerario aunque no complaciente", sugirió el prelado santacruceño a sus sacerdotes.

La mayor inquietud eclesial pasa hoy por el aborto, dado que el fallo de la Suprema Corte bonaerense que autorizó la interrupción del embarazo a una mujer con problemas de salud puso sobre el tapete la opción "terapéutica" de esta práctica. Una alternativa médico-jurídica a la que la Iglesia no considera como tal, sino un "crimen".

El Episcopado tiene en la mira al menos seis proyectos en orden a reglamentar casos de "abortos no punibles", muchos de los cuales constituyen delitos tipificados en el Código Penal pero no perseguidos penalmente, lo que obligaría a reformarlo. A esto se suma el malestar creciente por la "hipocresía gubernamental", con funcionarios que -según dicen los referentes eclesiásticos- esgrimen no propiciar una campaña para legalizarlo mientras las acciones oficiales demuestran lo contrario. Los obispos critican en este sentido que el presidente Néstor Kirchner haya designado a la "militante abortista" Susana Chiarotti Boero al frente del Comité de Expertas de Seguimiento a la Convención de Belem do Pará, al que consideran el "lobby feminista" que introdujo en la región el "confuso" concepto de género.

Otra iniciativa parlamentaria que mantiene en vilo a los prelados es la posible nacionalización de las uniones civiles entre homosexuales, como reflejo de lo que ocurrió en España, y el propósito de algunos que buscan equiparlas con el matrimonio. El Episcopado ya le pidió, en mayo de 2004, a los tres poderes del Estado que "no se equipare la familia con otras realidades que no tienen la misma identidad" y por entender que esos vínculos "tergiversan el orden natural". No obstante, la senadora Diana Conti (Frepaso) presentó un proyecto para que "el Estado no discrimine a una pareja homosexual negándole derechos de los que sí gozan las heterosexuales, y para que tampoco haya en el país ciudadanos de segunda".

Los obispos rechazan además las propuestas para que la educación sexual sea obligatoria en las escuelas públicas y privadas, sobre todo porque el Estado avasallaría la patria potestad de los padres e incluiría "recomendaciones" a favor de la promiscuidad y la precoz iniciación sexual. La Iglesia propone, por el contrario, un programa extracurricular sustentado en valores -al que llaman "educación para el amor"- que "no se reduce sólo al aspecto genital". Propicia además los métodos naturales de regulación de la natalidad, y difunde la castidad, la vida sexual dentro del matrimonio y la paternidad responsable. A pesar de las objeciones eclesiásticas, el ministro de Educación, Daniel Filmus, marcó días pasado cuál será el rumbo oficial en esta materia: "Tarde o temprano habrá educación sexual en las escuelas, sólo falta decir cómo y adaptar los contenidos curriculares a cada provincia".