Después de un período de letargo, la causa María Carolina Guallane vuelve a escena, después de que el abogado Jorge Pedraza pidiera la detención y ampliación del procesamiento de dos militares retirados, a quienes ahora se acusa por el homicidio de los padres de la chica (Enrique Cortassa y Blanca Zapata), y por la muerte de un conscripto en el año 1977.

Los involucrados son el coronel retirado Juan Orlando Rolón y el teniente coronel Domingo Manuel Marcellini. Ambos fueron citados a indagatoria por el juez federal Reinaldo Rodríguez el 4 y 5 de abril de este año. Pero sólo asistió Marcellini, quien luego fue procesado y quedó detenido en el Batallón de Ingenieros Anfibios de Santo Tomé.

El abogado de Rolón, Néstor Oroño, ya se había presentado a la Justicia Federal para explicar que su defendido fue juzgado por los delitos que se le imputaban en esa oportunidad y, por lo tanto, no podía volver a ser encausado. Hasta el momento no se lo volvió a citar.

El abogado Jorge Pedrazza, patrocinante de varios de los querellantes por casos de violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar, explicó que en "el Juzgado Federal N° 2 se tramitan tres expedientes distintos". Uno es por el caso de supresión de identidad cometido contra María Carolina Guallane, cuyos padres fueron secuestrados -y figuran como desaparecidos- el 11 de febrero de 1977. El escrito presentado esta mañana por la querella acusa a los militares de haber matado a los padres de la chica.

Otra causa se tramita en el mismo juzgado, pero por las desapariciones y muertes de conscriptos que se desempeñaban en el Batallón Anfibios de Santo Tomé. Se trata de Roberto Daniel Suárez, Francisco Domingo Lera y Edgardo Luis Ferreyra. Los tres desaparecieron en 1977. La viuda de Suárez, junto a su hijo y los padres de la víctima, presentó el escrito que señala a los matadores de su ser querido.

Tanto para Marcellini como para Rolón lo que se pide es que se los acuse como "autores ideológicos, mediatos o intelectuales" de la "privación ilegítima de la libertad, torturas y asesinato" por los casos ya citados.

El tercer expediente es el de mayor actividad el último medio año. Lleva 8 personas imputadas y detenidas, entre las que cuentan funcionarios policiales, judiciales, militares y políticos. Los casos de renombre son el del ex juez federal Víctor Hermes Brusa y el del presidente comunal de Rincón, Mario Facino. Los militares de rango que están procesados son Nicolás Correa y Domingo Manuel Marcellini.

En la causa María Carolina también se pidió la indagatoria al ex fiscal santafesino Luis María Vera Candioti y de la Dra. Margarita Stella Mayoraz. Ambos estaban a cargo del único juzgado de Menores de la capital santafesina en 1977, como magistrado y secretaria, respectivamente. Se los acusa por "supresión de identidad y robo de menores, en grado de partícipes necesarios; y por falsedad ideológica de instrumento público, en calidad de autores".

Pedrazza explicó que Vera Candioti y Mayoraz se presentaron ante el juez hace algunos años, pero para dar declaración testimonial; "ahora pedimos que se los indague".

Los hechos que originan las firmes sospechas se corresponden con la firma de un escrito en el juzgado, en el que se decía que María Carolina Guallane, cuyo nombre era Paula Cortassa, había sido puesta a disposición de la Justicia de Menores 3 días antes de que sus padres fueran "chupados" y desaparecidos. La versión de la parte acusadora dice que la menor fue entregada dos meses después de la fecha registrada. Se cree que los funcionarios del Poder Judicial "antesdataron un cargo" a causa del deteriorado estado de salud de María Carolina.

El secretario de Estado de Derechos Humanos, Domingo Pochettino, salió al cruce del oficial de policía acusado de hostigar a la familia de Daniel García -un detenido durante la dictadura- y dijo que "la Secretaría se hizo presente en la comisaría, cuando González fue detenido. Esto está firmado por la policía y figura en el informe".

La semana pasada, García iba al mando de su auto cuando otro coche se le adelantó y le cerró el paso, obligándolo a realizar una brusca maniobra. Un patrullero que detectó la infracción detuvo al conductor imprudente, que fue liberado por la jueza Alicia Doldán.

Sin embargo, todavía no se sabe "por qué tenía un equipo de VHF con la banda de la policía de Santa Fe", comentó Pochettino, quien desmintió que en Derechos Humanos no lo hayan querido atender, cuando "sorpresivamente se presenta como víctima de los acontecimientos.

"El hecho que aparece como menor se vincula con una denuncia presentada ante el juez federal Reinaldo Rodríguez", en la que los García reconocieron la patente del auto que los interceptó la semana pasada en otro episodio intimidatorio.