Desde que Santa Fe se apoderó -mediante el proceso de liquidación de las garantías- de los 68 millones que avalaban la operación de la concesión y el contrato de Aguas Provinciales, es el propio Estado santafesino quien -en este nuevo curioso escenario- pone los fondos necesarios para que la privatización se sostenga. Puede decirse que el cumplimiento del contrato de concesión y de la operación es ahora una cuestión de sólo buena fe.

Según las normas vigentes, la existencia de las garantías es condición necesaria para la existencia misma de la concesión de los servicios sanitarios. Y como Aguas no renovó a tiempo los fondos depositados por este concepto -tras dos postergaciones- el Estado no tuvo otra alternativa que terminar de liquidarlos.

Es cierto que Aguas pidió formalmente la semana pasada -una vez más- que se aplace dicho plazo para avanzar en sus negociaciones con un eventual comprador de las acciones: Alejandro Ivannissevich, que controla Emgasud y creó una firma (Fides Enviroment) por ahora constituida con rudimentos económicos elementales (unos pocos miles de pesos) para convertirse en la eventual propietaria de la mayoría accionaria.

El gobierno entendió que no tenía más espacio para otro diferimiento y liquidó las garantías, pero creando un andamiaje legal -basado en apenas los fundamentos de un decreto- que tiene un objetivo claro: que Santa Fe no sea un obstáculo para que Suez venda sus acciones y la concesión siga.

Es un prueba más de que pese a los discursos (o cierta verborragia más efectista que efectiva) de fuerte condena a la empresa francesa el gobierno no tiene como objetivo una reestatización de los servicios sanitarios. Ese paso está a la vuelta de la esquina, pero antes el Ejecutivo parece dispuesto a dar todas las chances posibles a una venta de acciones.

La pregunta es si esta suerte de modalidad de autogarantías, en la que el Estado garantiza (a sí mismo) por cumplimientos de un privado es suficiente para un contrato en el que se suponía iban a hacerse inversiones por más de mil millones de dólares, que no tienen canon, y que a esta altura ya debía haber cubierto a la totalidad de los usuarios potenciales (y aún hoy miles no tienen agua potable ni cloacas).

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El ministro Alberto Hammerly fue el encargado de confirmar la liquidación de garantías por 68 millones de pesos. Y también de explicar cómo interpreta el gobierno la situación actual de la concesión y el contrato (en realidad se trata de una estrategia jurídica diseñada por la Fiscalía de Estado cuyo propósito último es mejorar la posición de negociación santafesina).

Si antes Aguas respondía por sus eventuales incumplimientos con sus fondos bajo concepto de garantías, hoy es el Estado quien lo hace (con esos mismos recursos).

Son un "seguro de caución en efectivo", interpretó Hammerly. Cumplen la misma función de las garantías anteriores. Y si la operación Suez- Fides prospera y sobre todo si se retira la demanda ante el Ciadi por parte de Suez, "se podría reintegrarles esos fondos", arriesgó el funcionario.

Su interpretación se apoya en la parte de los fundamentos del decreto 1.024 de fecha 27 de mayo que dispuso la liquidación de las garantías con el objetivo de preservar la concesión, la idea es que se incautan esos fondos en forma preventiva ante la evidencia de que Aguas no cumple con la renovación. Ese proceso terminó el viernes pasado.

Durante estos más de 70 días Suez no mostró interés en renovar esos mismos documentos bancarios, ni trajo al gobierno pruebas de haber renunciado a sus reclamos ante el Ciadi: sólo la promesa de que el tema se trataría en setiembre en una asamblea societaria de Aguas Provinciales.

De dólares a pesos

En noviembre de 2002 el gobierno de Carlos Reutemann aceptó la pesificación de las garantías de Aguas, mientras la empresa reclamaba una aumento tarifario por la devaluación. Esos fondos pasaron de dólares a pesos (y con un tipo de cambio 1 a 1, ni siquiera bajo el oficial de 1,40), en lo que significó pesificar el único rubro dolarizado del contrato santafesino: por eso hoy son 68.262.767 de pesos, no dólares. Se argumentó que era una forma de mostrar coherencia. En abril de 2003 Aguas Provinciales, Suez, Interagua y Aguas de Barcelona demandaron al país por 310 millones de dólares.

Como en las interminables novelas de pantalla caliente (e imaginación fría), cuyos guiones se reescriben de una semana a la siguiente, copiándose una y otra vez, días atrás el gobernador Jorge Obeid informó que había más interesados en comprar Aguas.

Expuso públicamente que -además de Fides Enviroment, vinculada a Emgasud- había otros potenciales compradores para las acciones de Aguas Provinciales de Santa Fe.

Los malos guiones de la siesta en la TV repiten primero ideas, y luego algunos personajes.

El gobernador recibió una presentación firmada por Jorge Chamas de Latinaguas, Gustavo Beckerman de Central Térmica Sorrento SA (de Rosario), Osvaldo Iglesias de Petroquímica Bermúdez y José Petrochelli de Flitwick.

El escrito básicamente renueva el interés de la empresa prestadora del servicio de agua potable en Corrientes -ahora acompañada por empresarios santafesinos- de tomar parte en la venta de acciones.

Tiene tres peticiones, que pueden considerarse no menos que extrañas -y que ciertamente no encajan con el resto de la historia-, si se tiene en cuenta que la venta de las acciones de Suez es un asunto privado, más allá de que se requiera la aprobación el gobierno santafesino.

La presentación pide al mandatario por escrito que "tenga a bien favorecer las condiciones que impliquen trato igualitario" para los eventuales compradores de las acciones. Y concretamente se requiere que Santa Fe no adopte "decisiones que inhiban y/o perjudiquen nuestra participación en dicho proceso".

También le solicita al Ejecutivo santafesino que informe de esta presentación a los tenedores de las acciones (Suez, Agbar e Interaguas) "a los fines de levantar la condición de exclusividad que las inhibe de entablar tratativas con otras empresas".