El Tribunal de Enjuiciamiento tiene 180 días para pronunciarse, que ya empezaron a correr. Funcionarios del Consejo de la Magistratura iban hoy a la Cámara de Resistencia y al juzgado de Reconquista, para llevar personalmente la acusación y recabar más pruebas.
Integrantes de la Secretaría General del Consejo de la Magistratura iban esta mañana a la Cámara Federal de Resistencia, para desde allí trasladarse al juzgado de Reconquista. El objetivo era llevar en persona la notificación, previamente cursada, del inicio del trámite tendiente a destituir al suspendido juez Eduardo Fariz y obtener más elementos vinculados con las denuncias contra el magistrado.
En tanto, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Eduardo Orio, consignó a El Litoral que el jueves pasado, el mismo día en que el plenario del organismo resolvió dar curso a la acusación, notificó al respecto a la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, Elena Highton de Nolasco. Es decir que desde esa fecha comenzó a correr el plazo constitucional de 180 días para que se produzca el pronunciamiento definitivo sobre el juez de Reconquista. Lo que significa que, salvo imponderables o una renuncia -que el magistrado no descartó- para la primera semana de marzo, a más tardar, debería estar dispuesta o desechada la destitución. Si el Tribunal deja vencer el plazo sin pronunciarse, Fariz debería ser repuesto inmediatamente en su cargo.
De todos modos, el trámite desarrollado hasta el momento, tomando en cuenta la contundencia del dictamen acusatorio y la unanimidad de su aprobación, dan indicios de que existen elementos de consideración fuertes en contra del magistrado. Y también como para profundizar la línea de investigación dentro del propio ámbito de la Cámara Federal de Resistencia y en el sentido de la posible comisión de ilícitos que, más allá de la eventual destitución del juez, en caso de ser comprobados darían pie a presentaciones ante la justicia penal.
Derivaciones
El Consejo de la Magistratura resolvió acusar a Fariz por la forma en que condujo administrativamente el juzgado -con casos de "acoso laboral" a los empleados-, irregularidades en la tramitación de causas -principalmente vinculadas a contrabando, narcotráfico y radiodifusión-, manipulación en la selección de conjueces, interferencia en la designación de abogados defensores de los imputados y sospechas al respecto del alquiler del inmueble del juzgado. Además, se tramitan por cuerda separada otras denuncias, vinculadas principalmente a la liberación de un acusado de narcotráfico, cuyo captor policial apareció muerto en confusas circunstancias.
En medio de acusaciones por demora, el Consejo de la Magistratura decidió avanzar con la acusación basadas en las denuncias previas -en un trámite llevado a cabo por el diputado nacional Juan Jesús Mínguez-, ante la conmoción pública generada por la causa más reciente y la pérdida de confianza de la comunidad en el magistrado.
Ahora también deberá resolverse quien ocupará el juzgado durante los seis meses que puede demandar el trámite acusatorio -más lo que lleve designar otro juez, en caso de que resulte destituido-, ya que el actual subrogante, Virgilio Palud, fue designado en principio solamente por el curso de la licencia por depresión que solicitó Fariz.
De la redacción de El Litoral