El Poder Ejecutivo enviará entre esta noche y mañana a la Legislatura, el proyecto de ley que propone reformar el actual régimen jubilatorio de la provincia. La decisión resultó de conversaciones formales e informales con los gremios que aceptaron la tregua de treinta días propuesta por el gobierno, y de reuniones entre funcionarios y legisladores mantenidas durante todo el fin de semana.

Los tiempos se precipitaron también, después de que se conocieran las mociones votadas en las principales departamentales de Amsafe -Santa Fe y La Capital-, proponiendo la continuidad del plan de lucha y un paro de 48 ó 72 horas. Esas son las propuestas que la asamblea provincial del gremio evaluará mañana. Por eso, el gobierno resolvió acelerar los trámites y volcar al papel las modificaciones que se fueron consensuando en la mesa de diálogo, básicamente con los dirigentes de Sadop y UPCN.

Esta mañana, las reuniones se sucedieron entre el gobernador, la ministra de Educación, Carola Nin; el viceministro Coordinador, Rubén Michlig, y el interventor de la Caja, Humberto Giobergia. Los cambios de opiniones derivaron en por lo menos tres borradores de proyectos, cuya letra chica se terminará de definir esta tarde, en nuevas reuniones con los dirigentes sindicales.

"Esto no será una propuesta del gobierno -aclaró una fuente del Ejecutivo a El Litoral-; será el resultado de lo que se termine de acordar y precisar con los sindicatos que aceptaron participaron de una mesa de diálogo.

El mensaje, más allá de las variantes que presentan los diferentes borradores, tiene tres ejes centrales. En primer lugar, plantea establecer por ley una nueva base de cálculo para el haber jubilatorio, que respetará tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos, tal como lo establece el decreto firmado por el gobernador cuando se otorgó el último aumento a los jubilados. Dicho cálculo se realizará, además, "sobre la base de todos los cargos que tuvo el trabajador", y no sobre uno solo, como sucede en la actualidad.

El segundo aspecto del proyecto plantea incorporar el reclamado 82 por ciento móvil, con 35 años de aportes, que podrán ser menos si se opta por la posibilidad del cómputo diferenciado o régimen especial.

Este aspecto incluye a su vez el tercer gran punto del proyecto: la edad jubilatoria. El planteo de los gremios docentes es que la edad se reduzca a 55 años en la mujer y 60 para el hombre.

Jubilarse a esa edad, con 30 años de servicio y el 82 por ciento móvil sería posible, entonces, pero a través de las modificaciones que se propondrán al mecanismo de cómputo diferencial. Dicho régimen implica en la actualidad 7 años de aporte por uno de retiro anticipado; las reformas apuntarían a que la ecuación fuese 5 por uno para el docente frente al grado, y seis por uno para quien no lo esté.

Al cierre de la presente edición, restaba definir aún en qué momento el docente debería pedir el cómputo diferenciado, que implica un aporte adicional para el maestro.

"Lo que se intenta es lograr la mayor flexibilidad posible en la edad, porque la reducción tal como fue solicitada -55 y 60- tendría un costo imposible de afrontar", insistió la fuente consultada.

El proyecto incluirá también la posibilidad de que se instrumente "como sistema alternativo", el que rige actualmente en la Nación, y que implica un aporte adicional del dos por ciento con la posibilidad de lograr el beneficio jubilatorio a los 57 y 60 años.

"Con esto sería posible mantener la armonización que el gobierno nacional exige para seguir financiando el déficit previsional", explicaron las fuentes consultadas por este diario. Las mismas advirtieron que el sistema especial previsto en todo el proyecto para el sector docente se haría extensivo al de los enfermeros, en el ámbito del personal de Salud.

Los funcionarios que trabajaron en la redacción del proyecto confiaron en que si se logra consensuar plenamente el mensaje con los legisladores, "entre quince y treinta días", la iniciativa podría ser sancionada.

Con respecto al plan de lucha de Amsafe, si el gremio insiste con los paros, el gobierno advirtió que resolvería dictar la conciliación obligatoria.

Los dirigentes de la Unión de Docentes Argentinos, encabezados por su secretario general, Sergio Romero, concurrieron esta mañana a la Casa de Gobierno para participar en las reuniones que, en el ámbito de la mesa de concertación convocada por el Ejecutivo, se llevan adelante en el Ministerio Coordinador.

Consultado por El Litoral, Romero valoró la convocatoria al diálogo. No obstante, con respecto al anteproyecto de ley para reformar el régimen previsional, se abstuvo de opinar hasta tanto esté la propuesta terminada y por escrito. "Lo que dejamos planteado es que la reforma no tiene sentido si antes no se hace un reordenamiento del salario, sobre el que se hace el cálculo para el haber".

Asimismo, Romero celebró la decisión de dictar una ley de paritarias para el sector, pero advirtió que debe garantizar "la participación de todos los gremios del sector".

Mientras en Casa de Gobierno se producían esta mañana novedades con respecto al proyecto de reforma previsional, los docentes votaban en las escuelas de la provincia cómo continuar el plan de lucha. La mayoría de las mociones sometidas a consideración eran por más paros para esta semana.

La decisión final se conocerá mañana por la tarde, cuando culmine la asamblea provincial de Amsafe que está convocada para las 14.

En tanto, la intención del Ejecutivo es remitir entre esta noche y mañana el proyecto de reforma del sistema jubilatorio a la Legislatura. Sobre esta posibilidad, Sonia Alesso, secretaria adjunta de Amsafe Provincial, consideró que "el gobierno comete un error gravísimo al mandar un proyecto sin consultar a los docentes oficiales".

"Tiempo atrás ni se hablaba de la reforma previsional; fue un reclamo que lo iniciamos nosotros con las protestas en la calle, y ahora resulta que no se la discute con el sector más importante de aportantes a la Caja de Jubilaciones", se quejó.

Añadió que "si el gobierno tiene la intención de resolver el conflicto tendría que dialogar con nosotros. Pero lo que no puede hacer es una extorsión, o sea, que nos sentemos a la mesa a discutir un borrador que no nos convence".

A la gremialista le parece "ilógico" que en un momento donde todos hablan de bajar la edad jubilatoria, "en nuestra provincia se quiera llevar de 30 a 35 años los aportes y mantener la edad tal cual".

También sería una decisión tomada del Ejecutivo convocar a conciliación obligatoria (como se hizo durante el conflicto pasado) si los docentes deciden continuar los paros. "Es algo que lo analizaremos cuando ocurra", se limitó a decir Alesso.