Todo estaba preparado ayer por la tarde en Tribunales para que el ex secretario de Obras Públicas, Carlos Gómez Galissier, fuera indagado por el juez Diego de la Torre, en el marco de la causa que investiga si hubo responsabilidades humanas en las inundaciones de 2003. Estaban los inundados, los periodistas, los policías, el juez, su secretario, el fiscal y hasta el imputado. Sin embargo, éste no declaró, pues adujo que la notificación le había llegado apenas tres horas antes y no tuvo tiempo de contactarse con un abogado de confianza para planificar su defensa.

Esta tarde era el turno del ex jefe de Gómez Galissier. Para las 16.30, se esperaba que el magistrado indagara a quien en aquel fatídico 2003 se desempeñaba como ministro de Obras Públicas: Edgardo Berli.

La lista de imputados se completa con José D'Ambrosio (ex Vialidad Provincial), Ricardo Fratti (ex Hidráulica), Carlos Filomena (ex Defensa Civil); los ex funcionarios municipales Juan Carlos Cafaratti, Hugo Alvarez Oporto, Juan José Maspons, Alfredo Pérez y Jorge Bounus. La última indagatoria corresponderá a Marcelo Alvarez, quien deberá sentarse delante del juez el 25 de este mes.

Fuentes judiciales hicieron hincapié en que ésta será la primera ronda de indagatorias pero, a partir de lo que declaren los imputados, puede surgir la posibilidad de que otros ex funcionarios provinciales o municipales sean indagados.

Un puñado de inundados se hizo presente ayer a la siesta en Tribunales, para aguardar la llegada de Gómez Galissier. "Vamos a estar vigilantes porque la causa inundación tiene que llegar a feliz término. Estos que vienen hoy a declarar son algunos de los responsables. Pero nosotros queremos llegar a Reutemann porque era el gobernador, autoridad y responsable absoluto de lo que se estaba haciendo en la ciudad y la provincia", afirmó Guadalupe Ramayo, víctima de la crecida del Salado.

Gómez Galissier ingresó por una puerta trasera sin que nadie lo advirtiera. Alrededor de las 17.30, la vocera oficial de Tribunales se acercó a los periodistas para anunciar que el ex funcionario ya había abandonado el edificio.

Distintas fuentes consultadas coinciden en que para la Justicia lo ocurrido durante la catástrofe de 2003 podría encuadrarse en la figura del delito de estrago culposo, que es excarcelable. Otra posibilidad es que se termine encuadrando lo sucedido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tampoco implica la prisión de los imputados.