Alicia tiene 51 años y trabaja como enfermera en uno de los hospitales de nuestra ciudad. Como Mabel, su vecina de San José del Rincón, no tenía obra social, ésta le habría prestado su carné y recibo de sueldo para ser atendida a través del Iapos por su enfermedad oncológica.

Pero ocurre que Mabel -quien sería beneficiaria de un plan social- falleció el 9 de noviembre pasado, estando internada en un sanatorio, luego de haber sido operada por un tumor ginecológico, motivo por el cual había sido intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades anteriores.

Al parecer, cuando el ginecólogo que la trataba comunicó a sus familiares el deceso de su paciente, éstos le habrían advertido que se trataba de otra persona, diferente de la que figuraba en el carné de la obra social.

El profesional denunció el hecho en la seccional 1era. de la Policía porque se trataría de un posible delito de estafa a la obra social provincial. Posteriormente, se informó del caso al Dr. Rubén Saurín (Instrucción Cuarta), quien estaba a cargo del juzgado de Instrucción de la Primera Nominación, de turno para esa fecha. Pero el magistrado aún no recibió la denuncia que se radicó en sede policial.

El director del Iapos, Eduardo Piaggio, admitió el caso a El Litoral y aseguró que la obra social se encuentra recabando información sobre las prestaciones que se habría hecho la fallecida, utilizando esa obra social.

Aseguró que "se están buscando los datos de la historia clínica, chequeando los profesionales que prescribieron diferentes tipos de prácticas y los estudios que se le practicaron para determinar qué montos se invirtieron". En este sentido, adelantó que "si se constata complicidad de la afiliada titular para que esa señora utilice la obra social provincial y si se acredita que las prácticas no se le realizaron a la titular, se le hará el reclamo correspondiente".

Piaggio también mencionó que "si se trata de una defraudación o estafa es una cuestión que deberá definir la Justicia penal y no el Iapos, que sólo investiga la vía administrativa". También informó que la fallecida se venía atendiendo con el ginecólogo que denunció el hecho desde hacía 8 años, pero que habría registros de que utilizaba la obra social desde 1991, y que habría sido intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades anteriores, en 1995 y 1997.

Por último, Piaggio admitió que la cuestión de fondo radica en que el 60% de la población está fuera de la seguridad social, motivo por el cual -admitió- "muchos afiliados le prestan a sus familiares la obra social para ser atendidos y el médico acepta el cambio, pero no se dio el caso de que se llegara a prescribir una intervención quirúrgica".

En este sentido, el secretario general de la Asociación Sindical del Personal del Iapos, Carlos Landi, expresó en un comunicado que "lamenta las graves consecuencias que el hecho ha provocado y ratifica que el Iapos prescinde de la tecnología necesaria para los controles y las auditorías médicas propias, que corresponden realizar a la obra social".

Asimismo, denunció que "mientras el director del Iapos pretende desafiliar de la obra social a 100.000 personas que realizan su aporte, carece de capacidad para impedir que terceros se aprovechen del servicio que presta el Iapos, en detrimento de los reales beneficiarios".