A la Cámara de Diputados le sobró más de una hora ya que antes de las 23 dio por concluido el período ordinario de sesiones, sancionando la Ley de administración, eficiencia y control del Estado y otra decena de normas, y votando por tercera vez un proyecto de ley de acceso a la información de los tres poderes del Estado mucho más amplia que las aspiraciones del Senado y con el consenso de todos los bloques políticos. Más allá de cuestiones puntuales y de algunas diferencias de la oposición con la ley de administración, la última sesión llevó al recinto temas sin grandes polémicas. Además, la Cámara definió su agenda para las Extraordinarias fijando para el 22 del corriente la fecha de tratamiento del presupuesto 2006 y siete días antes discutirá el convenio entre el Estado y la aerolínea Sol para que la provincia le subsidie el combustible durante 3 años.

En las casi cinco horas de sesión, Diputados aprobó unos cincuenta temas y antes reconoció la trayectoria de Amílcar Brusa y distinguió a los músicos rosarinos Jorge Fandermole y Adrián Abonizio.

Además de la mencionada ley de administración, quedaron sancionadas anoche una reforma al mapa judicial del norte con la creación de nuevos juzgados en Reconquista, Vera, Avellaneda y Las Toscas y la convalidación del convenio entre el Estado y cuatro bancos privados que tendrán líneas de crédito por 30 millones de pesos destinados a empresas que necesitan reubicarse en parques o áreas industriales. El Estado, en tanto, subsidiará en tres puntos las tasas de interés.

Por otra parte, la Cámara no sólo giró al Senado un proyecto amplio de ley de acceso a la información sino también una reforma a la ley del notariado para cubrir las vacantes con concursos de antecedentes y oposición.

Pasaron casi diez años desde que el entonces diputado Juan Carlos Mercier presentara el primer proyecto sobre ley de administración. Fue en abril de 1996, fracasaron en el medio otros tres intentos y anoche quedó sancionada la norma a minutos de perder estado parlamentario. Otra vez fue Mercier el autor, ahora como senador, cuando ingresó un proyecto el 12 de mayo del 2004, 48 horas antes de que el Poder Ejecutivo enviara un texto sobre la materia. Pero en Diputados habrá que destacar el empuje que le puso al tema la radical Daniela Qüesta, quien fogoneó el tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda. "Este proyecto no tiene ni padres ni padrinos, no es mérito ni de un gobierno ni de un legislador, es una ley herramienta necesaria para la eficacia en la gestión y en el control del manejo de la cosa pública que a lo largo de su tratamiento ha recibido el aporte de todos los sectores políticos. Ese es el motivo de nuestro acompañamiento, a pesar de nuestras disidencias" remarcó al momento de fundar su postura.

Sólo el ARI votó en contra, mientras que Marcelo Brignoni (Encuentro) y Oscar Ritter (UCR) se abstuvieron al momento de pronunciarse. En cambio, el socialista Alfredo Cecchi y los radicales Hugo Marcucci y la propia Qüesta justificaron el voto positivo, aunque cuestionaron la cerrazón oficialista en abrir el tema al debate y dejaron expresa constancia de los artículos que pretendían modificar.

Ricardo Peirone fue la voz oficialista a la hora de justificar el cambio de la ley de contabilidad vigente desde hace casi 50 años en la provincia por "una organización sistémica, identificable, separada, pero complementaria y necesaria". Reseñó que esta norma se basa en la ley nacional de principios de los 90, momento en el cual las distintas provincias fueron sumándose a este sistema. Se detuvo en un análisis detallado del cuerpo legal pero aclaró que el cambio no será de la noche a la mañana, y destacó el control concurrente a los actos de gobierno que se pondrá en marcha con la futura Sindicatura General de la provincia.

"Es una estructura destinada a coherentizar el conjunto de normas que rigen la administración pública santafesina" definió el rafaelino sobre el final.

Cecchi hizo hincapié en que la norma regirá durante muchos años y le reprochó algunas diferencias con el marco nacional, como por ejemplo la falta de objetivos precisos. "Necesitamos modernizar la contabilidad provincial pero nos perdemos la oportunidad de hacerla más transparente. Se verbaliza castidad y transparencia, pero después queda en letra muerta" remató. A su turno, Marcucci se preguntó por qué no quisieron sancionar la ley antes y no dejó de mencionar que la aprobación se hace con el condicionamiento del Banco Mundial. �Por qué perdemos tanto tiempo en modernizar el Estado? interrogó y también aseguró que el texto se queda a mitad de camino en el control de los dineros públicos. Questa hizo público el compromiso del oficialista Ariel Dalla Fontana en comisiones de acompañar futuras reformas a esta norma. "Privilegiamos la aprobación dejando de lado cualquier especulación política" aclaró la radical.

Al fundamentar el voto contrario del ARI, Antonio Riestra lo hizo enancándose en el discurso del senador Mercier a la hora de votar el proyecto en la cámara de origen. "No creemos que el tratamiento del proyecto haya sido participativo. Es un proyecto difícil de desarmar y oculta una filosofía de Estado con la que no estamos de acuerdo" resumió.

Después quedó apenas la rápida votación de los 264 artículos, a libro cerrado, para dejar atrás casi diez años de debate, sepultar una norma que rige desde la década del 50 y empezar la transición en la sistematización de las cuentas del Estado.

Un grupo de periodistas del Sindicato de Prensa de Rosario y de la agrupación Focos aplaudieron un largo rato. La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un proyecto de derecho a la información con marcadas diferencias con el texto del Senado. Es la tercera vez que Diputados se pronuncia por unanimidad sobre el tema aunque la primera con la actual composición.

El proyecto votado reúne el mensaje del Poder Ejecutivo, sendos proyectos de los radicales Hugo Marcucci y Oscar Ritter; otro del demoprogresista Carlos Favario (MC) y del justicialista Danilo Kilibarda. Ahora, se espera que el gobernador Obeid incluya el asunto en Extraordinarias.

"Alguna vez nos tendremos que poner de acuerdo con el Senado", destacó Mario Esquivel (PJ), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que fue la encargada de emitir el dictamen después de mucho debate interno. Tras detallar el proyecto aseguró que el texto "demuestra la voluntad inequívoca del bloque justicialista de Diputados de votar el tema, con responsabilidad".

Desde el ARI, Antonio Riestra, destacó el derecho a la información como un bien jurídico. "La información es un instrumento para el ejercicio de otros derechos". El radical Hugo Marcucci lo encuadró en la necesidad de pasar de una democracia representativa a otra moderna y participativa. El socialista Raúl Lamberto recordó que en plena crisis la llamada Mesa de Diálogo Nacional recomendó la reforma política y el dictado de ley de acceso a la informaci�n. Gabriel Real (PDP) y Marcelo Brignoni (Encuentro) también justificaron la necesidad de avanzar con una ley de este tipo, indispensable para los Estados modernos.

El texto votado garantiza a toda persona física o jurídica "el derecho a acceder a la información pública completa, veraz, adecuada y oportuna" de los distintos poderes y empresas del Estado. Como principio se establece que "toda la información producida por los órganos y entes públicos y personas se considera pública" mientras que otro artículo establece las excepciones. El proyecto determina la gratuidad de la solicitud de información, establece un plazo de 15 días hábiles para responder el pedido y determina que la Defensoría del Pueblo será el organismo de control de la ley.

La barra

Primero fueron periodistas del Sindicato de Prensa de Rosario y de la agrupación Focos los que aplaudieron la aprobación de la ley del derecho a la información; luego abogados y judiciales del norte los que saludaron la sanción de la reforma a la ley orgánica. En cambio, en silencio, se fue el vocal del Tribunal de Cuentas, Néstor Priotti, que siguió durante un largo rato el debate de la ley de administración. El vocal cuestionó la dependencia que el organismo tendrá ahora del Poder Legislativo.