De la redacción de Campolitoral
El espíritu de la Ley de Semillas de 1973 con respecto al `uso propioï "fue exageradamente utilizado y se pasaron de los límites", sentenció el asesor del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Oscar Costamagna, al referirse a las posibilidades legales que tienen los productores de resiembra, dentro de la polémica por el pago de regalías a las empresas de biotecnología, en el marco de su disertación en el módulo sobre Perspectivas y políticas sectoriales de la industria semillera del Primer Worshop que se hizo en Buenos Aires.
En este sentido, Costamagna resaltó que el Estado, las empresas y los productores deben ponerse de acuerdo en "cuánto es el uso propio que se puede acreditar (por productor) y de ahí definir un marco legal para la resiembra".
El ingeniero agrónomo y ex presidente del Inase remarcó que "existe un pérdida de valor, de entre un 15 y un 20 por ciento en toda la cadena agrícola a raíz del alto nivel de uso de bolsa blanca (ilegal)". Sin embargo, consideró que "los altos costos de la semilla fiscalizada lleva a los productores a volcarse al mercado marginal. La diferencia de valor entre la semilla fiscalizada y la `bolsa blancaï es del 40%. Si se toma en kilo de semillas, la diferencia no es tan grande; pero en superficie casi obliga al productor a buscar bolsa blanca", argumentó el profesional.
Para Costamagna, es necesario que las semilleras le pongan un precio a la semilla fiscalizada relacionado con el valor del grano en el mercado, sin dejar de reconocer que "el obtentor debe recuperar parte de lo que invirtió en el mejoramiento genético".
Un 67% de los 800 productores consultados por Inase pudo justificar la utilización de semilla de soja dentro del marco legal, con un 43% de "uso propio" y un 24% que correspondía a la semilla fiscalizada.
Por su parte, el presidente del Inase, José Luis Russo, mencionó que "falta una definición sobre qué es el agricultor en la Argentina porque no está contemplado en la Ley de Semillas. Cuando se logre una definición se podría llegar a un nivel razonable para delinear cuánto es el uso propio", remarcó.
Dentro de los lineamientos del Inase, el perfil "se ubicaría entre el pequeño productor minifundista, con una explotación familiar, que entraría en la categoría de agricultor; y el pool de siembra o la gran empresa que quedarían afuera". Por lo tanto, "no podrían apelar al derecho cuando presentan superficies que más que uso propio son de multiplicación".
Además, abrió el debate sobre el "uso propio" como un problema para definir dentro de las mismas obtentoras. ¿Las empresas que comercializan el 85% de la soja son agricultores?", planteó Russo.
Al respecto, el titular del Inase precisó que la determinación podría realizarse al contabilizar "las hectáreas sembradas o su nivel de Ingresos Brutos", entre otras formas. "Si tuviéramos esa definición avanzaríamos mucho" en resolver la polémica por el pago de regalías.
A su turno, el presidente de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), Raúl Palmieri, agregó que "a todos nos conviene que se reordene el tema de las regalías porque, de esta forma, la oferta (de semillas de alta productividad) va a ser mayor".
Al respecto, Palmieri resaltó que "debe haber nuevos programas y criaderos de semillas para permitir, vía el desarrollo biotecnológico, el acceso a eventos nuevos y lograr así excelencia en la oferta de granos del país".
Según denunció el empresario, en la actualidad, el nivel de evasión en el mercado de semillas alcanza los 300 millones de pesos; mientras que en toda la cadena agrícola es de 4.500 millones de pesos
Ante esta situación, Esteban Hopp, del Instituto de Biotecnología del INTA Castelar, propuso que Argentina desarrolle un sistema de "propiedad intelectual" antes de una política de patentamiento de semillas.
De esta forma, las empresas pequeñas dedicadas a la investigación biotecnológica tendrían posibilidad de sobrevivir en el mercado y, a su vez, se salvaría el problema de "determinar quién es el obtentor" y se pondrían restricciones a la investigación que implica el dar protección a una patente.