Unidos y disciplinados por el espanto, el oficialismo y sus aliados en Diputados dejaron en manos del gobernador Jorge Obeid la resolución para la primera quincena de enero de la crisis con el concesionario de obras y cloacas. Apenas se escucharon algunas críticas oficiales por los argumentos del cavallerismo a través de Oscar Urruty al justificar la abstención a un artículo por no apoyar la privatización y del rafaelino Roberto Mirabella, en línea con el intendente Omar Perotti, de criticar a Aguas pero no dejando sin instrumentos al Poder Ejecutivo. El resto se encolumnó tras las explicaciones del jefe de la bancada, Mario Lacava, e hizo su parte en el rápido pase del asunto por las tres comisiones a los cuales había sido enviado. Es cierto, Lacava se quedó gran parte del tiempo escuchando a los opositores para hacerles aclaraciones a sus pares. En su exposición había calificado de "tortuosa" a la relación entre el gobierno y Aguas y entregó, para insertar en la versión taquigráfica, una cronología de 13 carillas de lo actuado desde el 27 de octubre del año pasado hasta hoy. "Sea quien sea el prestador, el Estado tiene que controlar y proveer los medios para que el conjunto de la población acceda al agua. No es un problema ideológico, es una solución para el usuario" señaló. En cuanto al mensaje lo definió como "un camino, concreto y real, para una situación conflictiva. La ideología no nos da respuesta a la crisis", finalizó.

La oposición fue muy crítica del proceso de concesión desde 1994 a la fecha. Utilizó distintos argumentos, recurrió a las versiones taquigráficas de cuando se votó la ley 11.220 que le dio origen así como a la renegociación aceptada en 1998 por la 11.965. También subrayó que el agua es un derecho humano, que no puede ser una mercancía; destacó que en gran parte del mundo el prestador es el Estado y dejó en claro que pese al cambio de accionistas Santa Fe seguirá demandada ante el Ciadi.

Varios de los diputados de la oposición tuvieron que soportar insultos y agresiones verbales de una barra copada por adherentes al sindicato de Obras Sanitarias de Rosario que sólo se apaciguó cuando los extensos discursos le hicieron abandonar el lugar. También algunos militantes del ARI ocuparon el espacio de la barra y estuvieron físicamente cerca de los sindicalistas con posturas extremadamente alejadas sobre el tema.

Antonio Riestra, jefe del bloque del ARI, definió al proceso con Aguas con una palabra "asco", porque "fue un proceso hecho a espaldas de todos, no hubo ámbito de discusión legislativa donde siempre nos fuimos enterando por los medios de la postura y las negociaciones con el gobierno". No dejó de considerar como traidores a la patria a los dirigentes, entre ellos Oscar Barrionuevo, que facilitan llevar el asunto ante el Ciadi. "Seguimos con la matriz de los 90 y Santa Fe pierde la oportunidad de hablar de una empresa pública para debatir el futuro del agua y su soberanía".

Hugo Marcucci, Daniela Qüesta y Santiago Mascheroni fueron las voces de los distintos sectores radicales. El primero justificó la actitud de su bloque de no participar en la votación a la que definió y explicó como "ilegal, ilegítima e inconstitucional". También subrayó la apuesta a la gestión pública tomando como base la experiencia mundial y de cada localidad de la provincia donde las cooperativas o las comunas prestan servicios. "Suez fracasó en las metas y objetivos pese a ser un reconocido prestador mundial. Después de diez años de concesión, hay dos millones de santafesinos sin cloacas y un millón sin agua". Por último subrayó que el nuevo contrato "es una adjudicación directa, sin mayor tipo de control. Es un negocio de tres mil millones de pesos en 20 años".

Qüesta hizo ver la desigualdad del Estado que hace obras en la zona de la concesión pero se olvida del resto de la provincia donde son los municipios los que deben realizarlas. Lacava no compartió el concepto y aseguró que hay distribución de recursos desde el Estado para avanzar con trabajos en toda la provincia. La legisladora también reafirmó la oportunidad perdida para discutir los servicios públicos "y de reconocer el fracaso de la concesión".

También el socialista Raúl Lamberto hizo hincapié en que se habilita un nuevo contrato. "Esta ley todo lo que hace es dinamitar el contrato vigente" y remarcó que "hay una decisión política de mantener la concesión".

Marcelo Brignoni (Encuentro) utilizó el término "negociado", se encargó de difundir una averiguación realizada en Washington donde siguen todos los reclamos ante el Ciadi de Aguas y destacó que la organización Transparencia Internacional tiene como eje central el análisis de los contratos públicos.

Gabriel Real (PDP) entendió que se llegó al actual proceso por la pésima privatización realizada pero además por el mal control que hizo en Estado. "Lo que viene es un aumento de tarifas y la continuidad del juicio ante el Ciadi".

Tras cinco horas y media de debate, fueron 24 las manos alzadas por el mensaje contra 16 por la negativa.

Sobre el final de la tarde, la Legislatura se deshizo del asunto e incluso María Eugenia Bielsa bajó desde Rosario para incorporar su firma junto al presidente de Diputados, Edmundo Barrera, y comunicar al Poder Ejecutivo la sanción de la norma. El lunes sería promulgada.

El radical Santiago Mascheroni se encargó de advertirle al oficialismo que el cheque en blanco no cierra la discusión del tema. Muy crítico del camino seguido, el ex director del Enress también habló de "una ley injusta y con visos de inconstitucionalidad".

Diferenció la renegociación de los contratos de concesión dispuesta por el entonces presidente Eduardo Duhalde en el 2002 recordando que "Santa Fe viene con una renegociación abierta desde 1997 con Aguas".

También ayer la Cámara de Diputados autorizó al Ejecutivo a endeudarse en hasta 65 millones de dólares para participar del programa de infraestructura vial provincial del Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios de la Nación.

Con la autorización legal brindada por la Legislatura, el gobierno se sumará a la iniciativa que se lleva adelante con fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para la asistencia financiera para el mejoramiento de la red vial provincial canalizada a través de contratos de recuperación y mantenimiento (Crema).

Las rutas a reparar por este sistema están determinadas en el anexo votado también por la Legislatura.

Cabe acotar que el mensaje del Ejecutivo fue votado por unanimidad en ambas cámaras.

La Cámara de Diputados declaró además su preocupación ante el anuncio efectuado por la empresa Aerolíneas Argentinas, respecto a realizar un solo vuelo diario entre Buenos Aires y Santa Fe durante el primer mes del año 2006,

afectando también esta reducción a Rosario debido a la disminución de las escalas intermedias que se realizan en el aeropuerto de Fisherton.

Miriam Benítez (PPS), autora de la iniciativa señaló que "está situación es altamente preocupante ya que no sólo se perjudica el desarrollo de actividades propias de una provincia de estratégica ubicación geopolítica, sino que agrava la capacidad ociosa de los aeropuertos, como consecuencia de la crisis en la que se halla sumergido el transporte aerocomercial en los últimos tiempos.

En otra declaración, motorizada por el ARI, la Cámara Baja dejó expresada su preocupación por la persistencia del conflicto en la química ICI de la ciudad de San Lorenzo ante la falta de acuerdo en materia salarial, y la reiteración de amenazas y despidos en la discusión de la aplicación del convenio colectivo y acuerdo interno, ambos homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Se demoró 90 minutos el inicio de la última sesión del año en Diputados. Es que la oposición se negó a facilitar quórum y el oficialismo debió esperar que los cavalleristas Urruty y Reinoso llegaran desde Rosario para tener número propio para iniciar la sesión.

La única ausencia fue la de Alberto Maguid quien no participó de las sesiones extraordinarias y fue únicamente a la comisión de Presupuesto a firmar los dictámenes correspondientes.

El debate y la votación de Aguas demandó cinco horas y media. Solo el radical Hugo Marcucci fue advertido por la presidencia del cuerpo que había llegado al límite reglamentario de una hora de exposición.

Le siguieron en tiempo Lamberto (40 minutos); Real (38); Riestra y Lacava (35); Mascheroni y Castellani (25), Brignoni, Qüesta y el arista Strada con 20 minutos.

Lacava además pidió insertar en la versión taquigráfica la cronología de la tortuosa relación y Qüesta la nota de Adelco donde pide algunos cambios en el proyecto, especialmente exigir el desistimiento del reclamo ante el Ciadi.