El Banco Central aplicó un nuevo plazo para el fondo que se utiliza para refinanciar deudas hipotecarias contraídas con escribanías, y fijó hasta el 6 de marzo el lapso para que los deudores puedan optar por el Sistema de Refinanciación. Así lo indica el diario Clarín pero plantea que, sin embargo, el organismo informó que faltan instrumentos para comunicar la nueva alternativa.
El matutino porteño, explica que, si bien este fideicomiso fue aprobado por ley por el Congreso, la normativa que dispone la prórroga de los plazos (ley 26.062) aún no fue reglamentada por el Ejecutivo. Así, en el Nación dicen que carecen del instrumento legal que les permita lanzar una comunicación formal a los deudores que estén en esas condiciones.
Una vez que el banco Nación reciba los pedidos de los interesados, deberá remitir una nota al BCRA con carácter de declaración jurada indicando su adhesión al sistema.
El gobierno creó este fondo para absorber las deudas de los morosos en situación de ser ejecutados, es decir que no todos los deudores que dejaron de pagar entre el 1° de enero del 2001 y el 11 de setiembre del 2003 pasaron automáticamente a deberle al Estado.
En algunos casos, el banco que había prestado prefirió retenerlos y renegociar directamente con ellos o bien rematar la vivienda. Además, es distinta la situación entre los morosos que habían tomado préstamos con los bancos que los que las contrataron directamente con escribanías o prestamistas privados.
Los primeros quedaron a merced de lo que decidieron los bancos con sus carteras de morosos. Para los segundos deudores, los que están fuera del sistema bancario, la adhesión al salvataje puede solicitarse por cualquiera de las dos partes: la acreedora o la deudora. Y, en cualquier caso, la inscripción deberá ser hasta el 6 de marzo, según la última decisión del Central.
Esto fue diseñado para evitar que se rematen las viviendas de los que habían tomado una hipoteca de hasta 100.000 pesos o dólares y que, por la crisis, dejaron de pagar las cuotas.
Entre quienes ingresaron al fideicomiso del Nación hay unas 4.650 familias que tomaron hipotecas privadas y que no pudieron seguir pagando. Tras la aplicación de este fideicomiso, lograron entrar al sistema que administra el Nación.
Con todo, el 84% de esta cartera corre el riesgo de ir a remate porque los acreedores iniciaron acciones legales para cobrarles en dólares los montos que originalmente les prestaron y, en muchos casos, la Justicia falla a favor del acreedor o aplica la teoría del "esfuerzo compartido". Esta teoría implica que entre el acreedor y el deudor deben dividir los 2 pesos de diferencia entre un dólar que valía un peso y uno que vale casi 3 pesos. Por eso, según este cálculo, el deudor debe pagar 1,87 pesos por cada dólar que pidió prestado.