El gobierno nacional, con el 12,3% de inflación del año 2005, intenta tozudamente acordar los precios que, fundamentalmente, componen la canasta familiar.

El intervencionismo se aparta de los tres pilares esenciales que mantienen el equilibrio del mercado que son: la inversión, la producción y la competencia.

Esto significa que el valor final está íntimamente relacionado a los costos de elaboración, que no son iguales en todos los casos y que es un elemento que se traslada al importe de venta. Además, el estado duplica su error porque quiere ser partícipe de la formación del último eslabón de un proceso sin tomar en cuenta los costos previos.

Recientemente, acordó con las industrias líderes en lácteos (a pesar de que una de ellas presionó, a mediados del año pasado, sobre el aumento de las retenciones a través del acotamiento de la competencia, previa suba de sus precios en góndola) mantener los precios, por un año, de nueve productos principales, entre los que se encuentran la leche, el queso, la manteca, el yogur y otros. Los empresarios dieron su aprobación siempre y cuando no aparezcan factores incontrolables que incidan en los costos, puedan discutir la disminución o eliminación de algunas de las tantas restricciones existentes y no padecer los cambios en las reglas de juego.

Con la carne sucede algo parecido, se sigue con la búsqueda del motivo por el cual los cortes demoran en bajar su precio al consumidor. Aquí también se puede decir que todos los participantes de la cadena cárnica no tienen iguales erogaciones operativas (fletes, combustible, empleados, aportes sociales, impuestos, consumo eléctrico, etc.)

Además, la urgencia provocada por el pánico inflacionario, no permitió tomar en cuenta algunas situaciones puntuales como, por ejemplo, la sequía, que motivó la pérdida casi total del maíz, alimento primordial del ganado vacuno y que, agravado por una menor producción ocasionada por el agotamiento de los animales, puede trasladar esta falta de oferta a los precios y convertirse en un nuevo problema a la hora de acordar.

Otro antecedente se refiere a la medida tomada desde la Secretaría de Energía de la Nación que dispuso que cada industria y comercio, para financiar futuras obras eléctricas, pague $ 3,60 por cada 1.000 KW/H consumido. ¿Esto no se trasladará al costo final del producto?

Demasiados riesgos, propios de la coyuntura. La cuestión de fondo pasa por fomentar la inversión que, seguramente, concebirá más producción, traerá aparejada la oferta requerida y también la competencia, que no es ni más ni menos que la opción que tiene la demanda para poder elegir el precio mas conveniente entre mercancías de igual naturaleza.

El 26 de enero de 2006, el estado nacional tendrá la oportunidad de demostrar su interés en apoyar a los productores tamberos, ya que finalizan los 180 días del decreto que elevó las retenciones del 5 al 15% para la leche en polvo y los quesos. Una norma que permitía una revisión a los 90 días (octubre de 2005) para dejar sin efecto dicho incremento o para destinar el mismo como incentivo al trabajo del sector.