Los fiscales del juicio político al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, pidieron la destitución del mandatario y la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, por encontrarlo responsable de las casi 200 muertes provocadas por el incendio del boliche República Cromagnon, ocurrido el 30 de diciembre de 2004. Sus defensores cuestionaron la legitimidad del proceso al que consideraron "el primer golpe institucional del siglo XXI", y el propio jefe de Gobierno, quien basó su defensa en la ausencia de pruebas que demuestren la existencia de un mecanismo de corrupción detrás de la tragedia, llamó a "no perder más el tiempo" y a "cuidar" a los jóvenes, especialmente "a los sobrevivientes" de Cromagnon.

La lectura de los alegatos de la acusación y la defensa marcó el regreso de Ibarra al recinto de la Legislatura para ejercer su propio descargo y, como podía preverse, terminó con el desalojo de la sala luego de que los familiares de las víctimas reaccionaran contra el jefe de Gobierno a quien volvieron a calificar de "asesino".

"No hubo una sola prueba que pudiera justificar o siquiera acercarse a justificar la destitución o el derrocamiento de un jefe de Gobierno, ni un solo testimonio", comenzó Ibarra su respuesta a las acusaciones formuladas por los fiscales, quienes consideraron "plenamente acreditada" su responsabilidad en la tragedia y sentenciaron que Cromagnon "fue el desenlace fatal de una política de control que se decidía por conveniencia".

Rodeado por sus defensores, Julio César Strassera, Julio Golodny y Fernando Castejón, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que "la abrumadora mayoría de la sociedad está en contra de la destitución" y recordó que "en un Estado de derecho no hay quien reemplace el juicio de la sociedad".

Aunque la sesión de casi nueve horas transcurría con normalidad, cuando el mandatario suspendido comparó su situación con la persecución que padecieron los intelectuales, políticos y artistas estadounidenses víctimas del maccarthismo, y recordó que en esa misma sala sus hijos habían sido amenazados de muerte, los familiares de las víctimas comenzaron a insultarlo a los gritos. El presidente del Tribunal, Julio Maier, optó por resolver el tema drásticamente y ordenó el desalojo de la sala con tal firmeza que hasta se preocupó por indagar a cada persona que desconocía sobre el motivo de su presencia en el recinto.

Cuando retomó el uso de la palabra Ibarra se mostró abatido: "Nunca polemicé con los familiares ni lo voy a hacer", dijo, tras pedir disculpas por no haber podido transmitirles su dolor ante la tragedia: "Sí polemizo contra cierta política que en lugar de contener, en lugar de acompañar en el dolor, exacerbó ese dolor. Esto es fruto de lo que se estimuló morbosamente a veces, durante todo este año", expresó.

La jornada fue tensa. Desde temprano la Policía Federal colocó vallados en los alrededores de la Legislatura y montó un operativo de control especial para evitar que cualquier hecho alterara el normal desenvolvimiento del juicio.

Antes de que se iniciara la sesión, la presencia del legislador Gerardo Romagnoli, quien había renunciado a su puesto en la Sala Juzgadora, provocó cierto revuelo entre el público, aunque la confrontación más dura se produjo entre los fiscales Jorge Enríquez, Rubén Devoto y Jorge Sanmartino, y los defensores de Ibarra, especialmente el ex fiscal del juicio a las Juntas, Julio Strassera, cuya imagen pública pusieron en duda al recordar que su designación en el ministerio Público se había producido durante la dictadura.

El propio Ibarra se encargó de replicarles: "El doctor Strassera ya forma parte de la historia de este país. No creo que los diputados Enríquez y Devoto puedan alguna vez ser parte de la historia", les respondió.

Sin discurso

El vicejefe a cargo de la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, iba a presidir hoy a las 14.30 la ceremonia inaugural del período 2006 de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña. No obstante, en atención a las circunstancias, resolvió no pronunciar discurso alguno y limitarse a dejar una copia escrita del plan de gestión de gobierno para este año, que fue presentado en la Legislatura el año pasado.