Desde hace cerca de diez años, con mayores o menores interrupciones, se debate en nuestra ciudad el futuro de la Empresa Provincial de la Energía, su marco jurídico y las reglas para su funcionamiento.

Han marcado su agenda una ola de reformas alentadas por concepciones en favor de la apertura al sector privado y otra que sostiene los beneficios de permanecer en la órbita del Estado. Pero las transformaciones necesarias están aún lejos de producirse y, en consecuencia, el servicio de la EPE es blanco de críticas.

Cuando la empresa iba a ser licitada, en los años 90, surgieron fuertes objeciones acerca de las tarifas a implementar, sobre todo para comercios y casas de familia.

Hoy se asegura que la empresa permanecerá en la órbita pública. No obstante, durante el verano arreciaron las quejas de los usuarios ya que debido al aumento del consumo hubo frecuentes cortes en el servicio -con importantes picos de potencia-. Y, una vez más, se puso en evidencia que los requerimientos del servicio no eran cubiertos por el sistema energético de distribución en las dos ciudades más importantes de la provincia.

Curiosamente, las posiciones en favor o en contra de la privatización o, dicho de otro modo, las visiones contrapuestas sobre el rol del Estado en los servicios públicos, han sido sostenidas por dos gobiernos provinciales que pertenecen a un mismo partido político.

La falta de un debate interno y la indefinición del partido gobernante sobre ciertos temas tienen, lamentablemente, consecuencias en el desarrollo de las instituciones. Es así como el proyecto de ley enviado por el actual Ejecutivo a las Cámaras no prospera porque, tal como se sabe, los seguidores de la gestión anterior no están dispuestos a derogar la legislación vigente. Queda claro que la actual normativa, además de procurar la privatización, consagra derechos en favor de los usuarios, en un marco regulatorio más exigente que un simple reglamento de servicio, con obligaciones para el prestador y un ente de control.

Han transcurrido dos años y el proyecto del actual gobierno duerme en la comisión de Obras Públicas de la Cámara baja. El mensaje aún no ha sido tratado porque propicia hacer de la empresa una sociedad anónima, con participación mayoritaria del Estado e impide su privatización en un futuro. En consecuencia, hoy en la EPE sigue vigente un marco legal ajeno a las convicciones de la actual conducción de la empresa.

La opinión pública puso de manifiesto las deficiencias del servicio, cuando días pasados, en Rosario, los vecinos se expresaron de un modo violento, con cortes de calles y piquetes. Por su parte, la oposición ha hecho críticas que han dado un nuevo impulso a obeidistas y reutemanistas para debatir el tema.

Todo hace suponer que en el uso del sistema republicano, con libertad para exponer ideas y opiniones, se generará una nueva oportunidad para realizar avances concretos que permitan a los usuarios recibir un servicio de mejor calidad.