El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) inauguró ayer un comedor popular en el barrio de Puerto Madero, mientras su líder, Raúl Castells, prestó declaración ante la justicia acusado de "extorsión y lesiones" por un reclamo de entrega de garrafas gratis a una empresa petrolera.
"Es para chicos, embarazadas y ancianos", anunció Castells durante la apertura del comedor popular que funciona en un local de la avenida Alicia Moreau de Justo 930, barrio porteño de Puerto Madero, cedido al MIJD por el empresario Miguel Doñate, dueño de otros comercios en la zona.
La inauguración se realizó en el marco de un festival en el que cantaron integrantes de la agrupación y actuó el grupo de música cubana que habitualmente anima el restaurante "Tocororo", propiedad de Doñate, y sirvieron mate cocido con tortas fritas a los asistentes.
Estuvieron entre otros el escritor Osvaldo Bayer, dirigentes del sindicato de la carne, docentes, asambleas barriales, centros de jubilados y líderes aborígenes.
El local cuenta con una serie de souvenirs, con las siglas del MIDJ impresas, que pueden ser retirados a cambio de una donación, como por ejemplo: un llavero, equivale a un paquete de fideos; una remera, a cambio de dos kilos de milanesas o un mate por un kilo de osobuco.
En el comedor se servirán diariamente guisos de arroz, fideos y pizzas que serán preparados "con lo que vayamos consiguiendo, porque el gobierno nacional, en represalia por no querer ser oficialistas, nos ha quitado 50 mil kilos de alimentos que recibíamos para los comedores, y pedimos que nos los restituyan", explicó el líder del MIJD.
Asimismo, denunció que un comerciante de Puerto Madero presentó un recurso de amparo contra la instalación del comedor y agregó que "hay gente que duerme teniendo en su cabecera algún cuadro de Adolfo Hitler. Hay de todo en esta vida. Pero también hay gente con mucha solidaridad y comprensión, porque nadie puede ser feliz rodeado de la miseria más extrema de los otros".
Indagatoria
Por otra parte, Castells declaró ante la jueza subrogante María Cecilia Perzan en una causa por "extorsión y lesiones" que instruye la justicia por una denuncia presentada por Repsol-YPF en 2004, aunque la empresa petrolera no es parte querellante en la causa.
Los abogados del dirigente, Daniel Igolnikov y Carlos Castiñeiras, que lo acompañaron a prestar declaración indagatoria, afirmaron que "por ahora, está en libertad hasta que se resuelva la situación procesal".
Los letrados explicaron que las penas contempladas por esos delitos prevén la aplicación de hasta 15 años de prisión y por la escala mínima, cinco años, y son considerados "no excarcelables", por lo que Castells aún corre riesgo de ser detenido cuando se resuelva su situación procesal.
