Luego del drástico anuncio lanzado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) acerca de que limitarían el ingreso a la zona roja si no contaban con un adecuado acompañamiento policial, se sucedieron reuniones entre ambas partes y se reforzó el compromiso de coordinar mejor la actividad.

En definitiva, días atrás se produjo un nuevo encuentro, esta vez, en la sede del servicio provincial de emergencia -el primero había sido en oficinas de la URI-, al que asistieron autoridades de la Unidad Regional I. El objetivo, según explicó el jefe del servicio, Rubén Sager, fue ajustar la modalidad de acompañamiento a los barrios y llevarles tranquilidad a los empleados.

La próxima reunión será entre los radiooperadores de ambos servicios, que constituyen la "puerta de entrada al sistema". Aun así, el profesional señaló que "queda a consideración de la dotación de médicos y enfermeros la decisión de entrar o no a un barrio cuando no haya custodia policial".

Mientras tanto, en el encuentro que se anticipa entre los operadores policiales y de emergencia, se podrán ajustar detalles de la implementación concreta de los operativos, cuestión que ya estaba vigente pero que requiere una actualización.

Desde que se hizo pública la postura del gremio estatal, a la que se sumó luego ATE, advirtiendo que la situación de inseguridad viene de larga data, "no se dejó de entrar a ningún barrio", aseguró Sager, aunque no descartó que se hayan producido incidentes.

"La voluntad de ambas partes es hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible", concluyó.