El fracaso de la reforma educativa que propuso la Ley Federal de Educación a partir de su sanción en 1993 no tuvo que ver con la norma en sí misma sino con su aplicación y con el contexto socio-político que la rodeó, afirmaron especialistas en la materia, que consideraron necesario una nueva ley que modifique sus aspectos deficitarios.

Un sistema fraccionado en más de cincuenta partes, falta de recursos de las provincias para los docentes, pérdida de días de clase por huelgas y altos índices de deserción especialmente en el nivel Polimodal o último tramo del secundario, fueron algunos de los efectos no deseados de la Ley Federal, destacaron los expertos.

"La falta de consenso que tuvo la Ley Federal fue uno de los factores que contribuyó a su fracaso y una nueva ley puede ayudar a un proceso de mejora y de cambio, pero no podemos achacar sólo a una normativa todos los males del sistema educativo argentino", dijo a Télam Silvina Gvirtz, directora de la escuela de educación de la Universidad de San Andrés.

Inés Dussell, escritora y coordinadora de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), coincidió en la falta de consenso de la Ley Federal pero destacó que "las desigualdades regionales que hay en la Argentina no se resolverán mágicamente con una nueva ley. La Ley Federal no fue la culpable del incremento de las inequidades que hubo en la década del 90".

Desde otro sector, el presidente de la Academia Nacional de Educación y rector de la Universidad de Belgrano, Avelino Porto, sostuvo que la Ley Federal "no reflejó totalmente el debate pedagógico previo a su sanción; la norma fue parte de un sentimiento de la sociedad que quería cambiar algo que no era bueno, hubo varias consultas y salió la ley que salió".

La fragmentación del sistema educativo en más de cincuenta partes, al no poder aplicar en forma homogénea los cambios que proponía la Ley Federal, fue uno de los efectos no deseados que la nueva norma propone atacar.

Gvirtz consideró que una de las debilidades que tuvo la Ley Federal fue la de haber propiciado la fragmentación "donde cada provincia puede manejarse en forma independiente de otra. Hay provincias que tienen mejores sistemas educativos porque invierten más, lo que afecta a la calidad".

"Esto creó un nuevo problema; antes de la sanción de la Ley Federal el sistema adolecía de desigualdad, inequidad y falta de calidad. Ahora se agregó la fragmentación y la nueva ley tendría que crear mecanismos que permitan disminuir estos sistemas".

Porto opinó que "se confundió la idea de descentralización, se liberó la administración de tal manera que el Estado se quedó casi sin funciones y cada provincia hizo la suya. La propuesta no es volver al centralismo sino supervisar firmemente para volver a tomar el control ya que recién ahora se vuelven a dar algunas coincidencias mínimas básicas entre las provincias".

En este punto, Dussell agregó que si hay una mala administración de un gobierno provincial, "el Estado no tiene herramientas para redistribuir los recursos, por lo que debería implementarse un sistema mixto con más control de parte del gobierno pero también más supervisión por abajo, de las cooperadoras, organismos locales, municipalidades, sindicatos y cámaras empresarias que exijan el cumplimiento de la ley".

Los especialistas coincidieron en destacar que en algún punto la Ley Federal "primarizó" los estudios secundarios, al restarles calidad para incrementar la masividad; es decir que la escuela sirvió para contener a los chicos y no se preocupó por los contenidos curriculares.

Dussell puntualizó que este punto "es muy discutible ya que no sólo la ley contribuyó a disminuir la calidad sino también el contexto sociopolítico de los 90. En esos diez años pasaron cosas tremendas, creció muchísimo la cantidad de chicos que fueron a la escuela".

"Esto trajo otro problema -explicó la especialista- llegaron chicos que antes no iban a la escuela en peores situaciones que los demás alumnos. Si bien la masificación es algo bueno generó otros problemas, porque no había una infraestructura preparada para recibir a tantos chicos con problemas disciplinarios y culturales".

Para Avelino Porto la ley "no masificó la enseñanza sino que hay que fijarse en los porcentajes de abandono tanto en el último año del Polimodal, que dejó afuera a unos 400.000 jóvenes, como en el primero de la universidad. Y a esto hay que agregarle el bajo nivel de graduación universitaria respecto del ingreso, que está en el orden del 10 o el 15 por ciento".

"Estos son datos demoledores, por lo que habría que preguntarse qué ocurre en la vida escolar de un chico entre los 15 años y los 23 y 24 que tendría que tener cuando se gradúa en la universidad", destacó Porto.

La nueva Ley de Educación comenzará ser debatida a fines de marzo o principios de abril con todos los actores educativos y el Poder Ejecutivo espera tener listo el proyecto para el mes de setiembre, cuando se lo someterá a debate en el Congreso Nacional.

La capacitación docente y el mejoramiento de la enseñanza es un punto central que debe abordar la nueva ley de educación, debido a que la reforma que empezó con la ley federal fracasó en este aspecto.

El gobierno nacional adelantó que propondrá un debate sobre la organización de la carrera docente, la creación de un Instituto Nacional de Formación con más años de estudios y trabajar sobre los desbarajustes que quedaron de la Ley Federal "donde un maestro de grado terminó siendo director de un profesor", dijo el viceministro de Educación, Alberto Sileoni.

Silvina Gvirtz, consideró que es indispensable "profesionalizar" el trabajo docente ya que la reforma de los 90 "fracasó rotundamente en el aspecto de la capacitación".

Gvirtz agregó además que "la provincias siguen manejando el sistema educativo de un modo muy centralizado y les dejan poco lugar a los docentes para desarrollar sus capacidades. Las provincias se fijan en los resultados y no los procesos de enseñanza, por lo que no hay un control de los maestros sobre como enseñan".

Precisó que el aspecto salarial es muy importante porque la demanda para entrar a los institutos terciarios de formación docente aumenta cuando hay un mejor salario.

Gvirtz propuso que la nueva ley "contenga programas de capacitación no sólo ligados a institutos terciarios sino a las universidades al tiempo de que existan posgrados de perfeccionamiento docente".

Avelino Porto destacó que el gobierno nacional tiene que "salir a buscar a docentes que tengan amor por la enseñanza ya que hay algunos de los que hoy se desempeñan como maestros que ejercen esta profesión por un accidente de la vida".

"El problema de la vocación es cómo se lo prepara al docente para ejercer su función, cómo se lo sostiene. El docente antes gozaba de un prestigio social y los alumnos le tenían respeto; ahora muchos maestros carecen de preparación intelectual y cultural para estar frente a los alumnos y se les pierde el respeto", destacó Porto.

Indicó además que la nueva ley "debería establecer responsabilidades políticas para aquellas provincias que no garanticen una educación de calidad ya sea a nivel docente, infraestructura escolar o transportes de los chicos a la escuela".

Al respecto, Inés Dussell destacó que "a un docente desmoralizado por su salario no se le pude pedir que se capacite, cuando no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes y tiene que poner de su bolsillo para comprar fotocopias para los alumnos".

Dussell destacó que "sería importante que la nueva ley contenga reformas sobre las condiciones laborales de los maestros, menos alumnos por aula y establecer cuantas horas debe trabajar un docente en una escuela para eliminar la figura del docente-taxi".