Una resolución ministerial de la cartera de Obras y Servicios Públicos, impuso primero el plazo del 15 de marzo, y luego el del 31, que ayer expiró. Hasta entonces los 15 distritos concesionados a Aguas Santafesinas S.A. contaron con la posibilidad de manifestar su voluntad de comparar acciones de Clase b de la empresa (las de clase a son del Estado provincial).

El gobierno santafesino celebraba anoche que durante la tarde se hubieran sumado casi todas las municipalidades de la oposición, aunque queda fuera Rosario, que representa por facturación y número de clientes la ciudad más importante, con un peso estimado del 60%.

En realidad, sólo un grupo bastante menor (se cuenta con los dedos de una mano, y tiene a Rafaela como la ciudad de más peso) ha completado todos los pasos necesarios para la compra de las acciones.

Es porque para esta operación, no basta con la decisión política del intendente: la Ley Orgánica de Municipalidades y Comunas tiene previsto para decisiones de este tipo la obligación de contar con una ordenanza que autorice a los departamentos ejecutivos. Esto significa el envío de un mensaje a los cuerpos deliberativos y -obviamente- contar con el consenso para la aprobación.

Ese es el caso de Santa Fe, la ciudad capital de la provincia: aunque el intendente Martín Balbarrey ha anunciado y comunicado formalmente su intención de comprar acciones, aún no lo ha concretado porque no cuenta con la ordenanza del Concejo que lo autorice a ello.

A las intendencias de la oposición, que ayer dejaron sola a Rosario, les ocurre algo similar: todavía no tienen la ordenanza. Por eso, para que Assa alcance una mayor participación de las municipalidades, se requiere de un nuevo plazo que brinde a esas ciudades el tiempo necesario para que los concejales se pongan de acuerdo.

Habrá que ver si al tomarse esa decisión, se añade o no, desde el gobierno santafesino, una nueva chance para que se sume el distrito rosarino, lo que requeriría simplemente de un cambio en la resolución ministerial que está vigente.

Hasta hace sólo cuestión de días, el gobernador Jorge Obeid mostró su disposición (con gestos concretos y anuncios) para lograr que se sume la principal intendencia que conduce la oposición.

Según se reconoce en la municipalidad de Rosario, esta postura excluye un escenario de ruptura por parte de la administración socialista, donde aclaran: "todo depende de si el gobierno provincial retoma el diálogo o desecha la posibilidad de alcanzar un consenso".

El secretario de Gobierno municipal, Juan Carlos Zabalza, explicó a El Litoral que la situación de Rosario "es muy particular. No estamos ni adentro, ni afuera de Assa. Sólo pretendemos que para ingresar a la nueva compañía el gobierno provincial nos aporte respuestas formales a las demandas que se hicieron desde el municipio".

Zabalza detalló que la intendencia envió ayer al mediodía un pedido de audiencia al gobernador Jorge Obeid, junto a su voluntad de ingresar a la compañía estatal. En esta misiva, se repiten los reclamos del municipio que ya son de dominio público: la garantía de que la Legislatura convertirá en ley la imposibilidad de transferir del 51 por ciento de las acciones de Assa, la creación de un ente de control independiente, la garantía de ocupar una silla en el directorio de la empresa estatal y la designación de un síndico que represente a los municipios de la oposición en la compañía.

"Se hizo un esfuerzo muy grande para entablar un diálogo con los representantes del gobierno provincial, que nunca se terminó de concretar de manera seria, ya que el gobernador lo intentó hacer a través de los medios de comunicación". En realidad, el municipio rosarino pretende y exige tener un lugar con decisión dentro del directorio, ya que -según explican- casi la mitad de los contribuyentes -de los 15 municipios que conforman Assa- pertenecen a esta zona. Y estas prerrogativas nunca fueron garantizadas por parte del Ejecutivo provincial y de Assa, según admiten desde la gestión socialista.

En el fondo de la discusión aparece una tensión que nunca se logró resolver desde la salida de Aguas Provinciales y la creación de Assa: quién y cómo se manejarán las obras y los fondos aportados por los contribuyentes.

El secretario de Obras Públicas municipal, José León Garibay, quien le llevó en mano una misiva al presidente de Assa, Juan Carlos Venesia, sostuvo: "el proceso no depende de nosotros, sino de la actitud que tome el gobierno provincial. Nosotros le comunicamos que mantenemos una posición abierta, que acordamos con el resto de los intendentes no justicialistas". Garibay consideró que el gobierno provincial "puede tomar una actitud rever su posición y abrirse al diálogo o cerrar las puertas a Rosario en Assa".