Crear una comisión permanente de protección de la independencia judicial y un centro de prensa para que la sociedad tome conocimiento de sus resoluciones, y concientizar a todos los jueces sobre la necesidad de capacitarse, fueron las principales decisiones de la Conferencia Nacional de Jueces, que culminó anoche en nuestra ciudad, reuniendo por primera vez a los miembros de la Corte y magistrados del todo el país para discutir temas cruciales del sector.

La independencia judicial formó parte, de hecho, de una preocupación concreta de muchos magistrados -y asumida por las asociaciones que los nuclean-, frente a las situaciones de avasallamiento que advierten en muchas provincias.

Las conclusiones presentadas anoche crean una comisión permanente para abocarse a este tema, con el propósito de "coordinar la defensa de la independencia judicial en el Poder Judicial y de las provincias" y "establecer un sistema para hacer conocer al Poder Legislativo Nacional y en las provincias, las propuestas de reformas legislativas en el Poder Judicial".

Ni el documento, ni las explicaciones al respecto del ministro Ricardo Lorenzetti a la prensa avanzaron en la determinación de las implicancias y las medidas de acción concreta que competerán a esta comisión, que podría ser una respuesta orgánica a las eventuales amenazas a la independencia. "Cualquier situación en la que ustedes estén pensando, está contemplada ahí", se limitó a consignar Lorenzetti, quien evitó referencias más puntuales, pero admitió que "los jueces están muy preocupados".

"Todos tenemos que comprometernos para cuidar las instituciones. Si no se está de acuerdo con una decisión, siempre hay recursos. Pero no es bueno deslegitimar a quien la emite", sostuvo, en aparente alusión a los procesos de remoción y a las críticas desde el Poder Ejecutivo que enfrentan jueces de algunas provincias.

La presentación formal de las conclusiones, prevista para esta mañana, quedó, finalmente, sin efecto y el encuentro de jueces quedó concluido anoche, tras las palabras de cierre de Lorenzetti y con la lectura a la prensa de los documentos emitidos por cada una de las comisiones.

Junto a Lorenzetti y Argibay participaron los representantes de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Miguel Angel Caminos y Luis Cabral, y Abel Fleming, por la Federación Argentina de la Magistratura.

"Las garantías que aseguran la independencia del juez no son un privilegio ni un beneficio de carácter personal o patrimonial de los magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado. Su respeto es fundamental para la independencia judicial", subrayó Argibay.

Agregó que "todo pedido de enjuiciamiento debe ser fundado y analizado con la mayor seriedad y rápidamente desechado cuando no reúne esos mínimos requisitos" y que "los jueces deben tener la seguridad de que estarán en sus cargos mientras dure su buena conducta".

Con respecto a la relación con los medios de comunicación, Cabral anunció la creación de un centro de prensa en la Nación y las provincias con el fin de "recolectar y comunicar toda la información judicial e institucional relevante para la sociedad y los magistrados".

Ese centro difundirá decisiones judiciales, tendrá un cuerpo de emergencia para los casos relevantes, capacitará a los magistrados para relacionarse con los medios periodísticos e intentará acercar a los estudiantes secundarios a los Tribunales.

Caminos, por su parte, que encabezó la comisión de capacitación, destacó que jueces, funcionarios y empleados deben capacitarse en forma permanente y con ese fin se deben coordinar todas las escuelas judiciales del país.

Los jueces decidieron que deben formar parte de la capacitación la ética judicial y el estudio de las diversas formas de discriminación, así como diversas materias como medicina, economía y bioética.

Indultos

"La Corte podría solicitarle a la Cámara de Casación que agilice los plazos y se pronuncie sobre si son constitucionales o no los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem en favor de ex represores". La definición pertenece al ministro Raúl Eugenio Zaffaroni, en declaraciones formuladas en el marco de la Primera Conferencia Nacional de Jueces. "Hay que ver cómo se destraba esta situación; no podemos hacer un per saltum, especialmente porque el per saltum en materia penal, desde mi punto de vista, no funciona, y desde la ley no está previsto", explicó Zaffaroni.