La fila de empresarios, hombres del establishment, analistas políticos, diplomáticos y políticos de la oposición y del propio PJ que esperaban cierto serenamiento poselectoral del presidente es interminable. Pero todos ellos, cada día, y a golpes de efecto desde la Casa Rosada ven cómo Kirchner siempre los sorprende.

La seguidilla de decisiones de alto impacto político, que rondan en torno de la constante preocupación presidencial por la inflación, pero que incluyen determinaciones que van cambiando de cuajo el escenario que se vislumbra desde la cabeza del Estado, tiene un común denominador en la total falta de prejuicios políticos o temores ante los riesgos de transitar por la vereda de lo políticamente incorrecto.

La imagen proyectada en pantalla gigante hacia la Plaza de Mayo, el jueves último, del presidente anunciando inversiones públicas millonarias en la nueva empresa estatal de aguas Aysa, tienta todo tipo de conclusiones sobre populismo y demagogia, pero al primer mandatario nada parece importarle.

A la vez, la decisión del mandatario de suspender horas antes de su anuncio el casi cerrado acuerdo con los frigoríficos, para redoblar las exigencias de bajas de precios so pena de mantener o aumentar las trabas a las exportaciones de carnes, implica un riesgo enorme de consecuencias diplomáticas ya insinuadas pero que tienen sin cuidado a Kirchner. El jueves se conoció un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que alerta sobre el daño que genera la prohibición de exportaciones de carne a empresas norteamericanas, al cual la Casa Rosada virtualmente ignoró y ni amagó a responder.

La pregunta, entonces, es cuánto de ese estilo K ejercido cada día con mayor potencia arrolladora afectará el ritmo de crecimiento económico, las inversiones y la estabilidad institucional.

La respuesta, a juzgar por los hechos mismos y por las opiniones de economistas y ejecutivos de empresas, es interesante: nada o muy poco. Las rabietas del presidente van domesticando a los otrora antojadizos y exigentes hombres de negocios. �Por qué? Porque la economía todavía soporta con sus actuales tasas de crecimiento la impronta de autoridad que impone Kirchner y que hoy por hoy es casi inocua al proceso de toma de decisiones.

Es cierto que la calidad de las inversiones es floja, es también evidente que hay casos laterales entre empresarios que deciden esperar o directamente huyen cuando ven cómo se gobierna en la Argentina, pero la actualidad les muestra a las compañías que el costo de no subirse al tren del crecimiento económico es claramente mayor que los riesgos por los cambios de reglas de juego, o el temor a una repentina intervención del Estado o al antojadizo dedo del presidente apuntando contra algún sector al que considera malcriado.

Un análisis rápido podría concluir que los empresarios son hijos del rigor. Y hasta agregaría con alta dosis de razón que muchas de las barreras que el menemismo consideraba infranqueables, tanto en términos de sustentabilidad económica como de consenso del mundo corporativo, hoy Kirchner las ha despedazado sin que el mundo se venga abajo. De todos modos, vale agregar otros condimentos al análisis de la situación de la economía versus el proceso de toma de decisiones presidenciales y lo que depara el mediano plazo.

El propio Ministerio de Economía tiene informes en los que admite que, a las actuales tasas de inversión, la economía confluirá hacia tasas del crecimiento del orden del 3 ó 4% anual rápidamente. Con esas tasas, y considerando que la economía ya no genera el 1% de empleo por cada 1% de crecimiento del producto bruto, sino algo más cercano al 0,35% de empleo por cada punto del producto, una de las consecuencias de mediano plazo de una política "poco amigable" con la inversiones podría ser una violenta desaceleración en la tasa de creación de empleo (el dato del 0,35% por punto del PBI apenas se aproxima al crecimiento vegetativo de la población).

Al mismo tiempo, considerando que ya hay problemas manifiestos de oferta y demanda de trabajo, determinados por una oferta saturada por trabajadores no calificados y con años de desempleados, y una demanda de alta capacitación que no alcanza a ser cubierta por el mercado actual, otra derivación esperable para el mediano plazo es el impacto en los precios que tendrá esa pugna de las empresas por empleados difíciles de conseguir y cada vez más caros.

Son apenas dos ejemplos de potenciales desfasajes macroeconómicos del mediano plazo, pero que obligan a interrogarse sobre dos frentes que se ven complicados: por un lado, la pregunta más urgente sobre la capacidad y la libertad creativa del Ministerio de Economía de Felisa Miceli para afrontar esos problemas que se vienen; por otro, saber cuánto deja como residuo de desconfianza y temor el carácter de una presidencia lanzada a lograr -hora tras hora- siempre a golpes y escarnio sus cometidos.

El estilo K no es algo que recaiga solamente sobre las empresas u hombres de negocios, ya acostumbrados a esos tonos del gobierno central. Nuevamente, esta semana Felisa Miceli sufrió el desaire de ver cómo a su alrededor se movían fichas de su tablero sin contarla ni siquiera como espectadora de lujo.

El despido de la presidencia del Banco Nación y de la AFJP Nación de Ricardo Lospinnato, un pura sangre miceleano, pero que osó enfrentarse con Gabriela Ciganotto, vicepresidenta del banco y principalísima amiga de la primera dama Cristina, demostró la dureza de la que es capaz Kirchner. Severidad que no repara en formas a la hora de incinerar funcionarios no suficientemente pingüinos, pero que además confirma la configuración de un poder casi exclusivamente limitado al juego cuadrangular entre Kirchner, su esposa, Julio de Vido y Carlos Zannini (si hasta es interesante preguntarse cómo serán los días del otrora todopoderoso Alberto Fernández).

El foco presidencial en la lucha contra la inflación ha derivado, en la mayoría de las empresas, en rediseños de sus planes de negocios para el 2006, justificados tanto por el impacto de subas salariales que a esta altura ya todos consideran mayores a las imaginadas hacia fines del año pasado, y por la imposibilidad de trasladar a precios esos sobrecostos mayores por el juego de presión insoportable que les baja desde el gobierno.

Desde la óptica presidencial, lo anterior implica necesariamente una mejora en la distribución de la rentabilidad empresaria; un objetivo al que cuesta encontrarle objeciones desde el costado de la justicia social, pero que por la forma bajo la cual se viene alcanzando obliga a interrogarse sobre su sustentabilidad.