El lanzamiento de un plan para regularizar la situación de inmigrantes de nueve países sudamericanos, la presentación de una denuncia penal contra el cónsul de Bolivia por su presunta participación en el tráfico de ciudadanos de su país, y la clausura de 52 talleres textiles en la Capital Federal, se convirtieron en la respuesta institucional tras el incendio de un taller de costura en el barrio porteño de Caballito, en el que perdieron la vida dos adultos y cuatro menores de edad.

La tragedia pareció marcar un punto de inflexión -algo tardío- en la política migratoria y laboral. Y aunque hasta hoy tanto el gobierno nacional como el Poder Ejecutivo porteño continúan responsabilizándose mutuamente por la falta de control del Estado en el cuidado de las condiciones laborales y legales de los inmigrantes, ninguno puede alegar sorpresa en este punto.

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Las llamas del taller de costura dispararon la polémica y pusieron al descubierto la existencia de una red de locales donde la explotación laboral y la reducción a la servidumbre de familias enteras de origen boliviano constituyen la regla. Además, instaló la sospecha de que, en la secuencia que se inicia con el ingreso ilegal de estos inmigrantes al país y culmina en el hacinamiento de familias enteras dentro de una habitación, hay una cadena de responsabilidades que involucra tanto a extranjeros como nacionales.

La principal paradoja que produjo esta situación es la acusación concreta contra el cónsul boliviano Alvaro González Quint, por el supuesto "encubrimiento y promoción de una red ilícita internacional de tráfico de personas" que serían sometidas a la servidumbre en talleres textiles. Si el fiscal Federico Delgado encuentra motivos, podría promover una acción penal contra el diplomático y, por la investidura del acusado, el caso debería tratarlo la Corte Suprema de Justicia.

La revelación de que ya existían denuncias sobre esta práctica en la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que hasta derivaron en una causa judicial, derribó los argumentos oficiales sobre el desconocimiento de tamaña ilegalidad. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, reaccionó ante la primera denuncia sobre el cobro de coimas por parte de la Policía Federal para mantener cerrados los ojos ante las condiciones irregulares en que funcionaban los talleres, pero luego se molestó por la acusación de un ex funcionario de Migraciones que atribuyó su despido a un memorando en el que le advertía a sus superiores sobre estas prácticas.

Luego el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, insistió en que fallaron los controles de la Policía del Trabajo, que es un tema de la ciudad, y arremetió contra la "cultura empresaria que prefiere mantener más de un 50 por ciento de trabajadores en negro". Pero nada dijo sobre los controles en la frontera que permiten el funcionamiento de un sistema de ingreso de inmigrantes que culmina en la precariedad laboral.

En el medio de los reproches sobre el nivel de responsabilidades que le cabe a cada jurisdicción, parte de la comunidad boliviana hizo escuchar su reclamo que -contrariamente a lo que podía esperarse- privilegió en un principio el mantenimiento de las fuentes de trabajo, por encima de la dignidad de los ciudadanos explotados, un error que al finalizar la semana parecía comenzar a revertirse con el reemplazo de la consigna, que pasó a ser "mejores condiciones laborales para los trabajadores costureros".