El enfrentamiento en Neuquén entre maestros y trabajadores de la construcción puede ser la señal de una nueva modalidad de regular el conflicto social por el peor de los caminos. Como fue de público conocimiento, los obreros consideraron que el piquete organizado por los docentes los perjudicaba y procedieron a reprimirlos con una violencia que nunca se habría animado a usar la policía.

Más allá de que los actos de violencia son siempre deplorables y que las disputas entre trabajadores merece ser calificada como una "pelea entre pobres", no deja de llamar la atención un fenómeno que puede ser sintomático con respecto a las formas de resolución de los conflictos sociales en el actual contexto político.

Como se sabe, el gobierno nacional ha decidido, por buenas y malas razones, no intervenir en el conflicto social. Trabajadores de los más diversos oficios, piqueteros y vecinos, toman medidas de lucha muchas veces en abierta violación a las disposiciones legales; pero el Estado no hace uso de su potestad. Aunque puedan existir motivos que expliquen esta actitud, lo que importa en este caso es que lo que el Estado no decide parece que empezaría a decidirse desde la misma sociedad, y no desde el poder público.

Lo ocurrido en Neuquén es un ejemplo, pero no es el único. El conflicto produce efectos hacia la sociedad y, ante la abstención del Estado, los sectores que que se consideran afectados deciden actuar por cuenta propia y por lo general no lo hacen con buenos modales.

A nadie se le escapa el riesgo que representa para el orden social la ausencia del Estado en un tema que constituye una de las razones fundamentales de su existencia, tal como lo planteara Max Weber en su clásico trabajo.

La existencia del Estado nacional, como regulador de los conflictos sociales, es un atributo al que ningún sistema puede renunciar, so pena de pagar en el corto o mediano plazo un precio muy elevado. Es decir, una sociedad cuyo Estado resigna ese atributo esencial, corre el riesgo de transformarse en una sociedad en donde se ha roto el contrato social y el principio legal empieza a ser reemplazado por la ley del más fuerte.

Llama poderosamente la atención que este fenómeno se haga visible con un gobierno que en el orden económico defiende la intervención del Estado y políticamente suele hacer uso y abuso de sus facultades para construir su propio espacio de poder. El opinable intervencionismo económico y las ácidas críticas a la denominada mano invisible del mercado, que sería la responsable de la concentración económica y la miseria de los trabajadores, daría lugar en el caso que nos ocupa a una suerte de mano invisible encargada de resolver mágicamente el conflicto social.

Se dirá que es legítimo que el gobierno se niegue a reprimir a los trabajadores. A esa afirmación, que en más de un caso ya es un lugar común, se la refuta diciendo que la alternativa en una sociedad democrática no es libertinaje o represión; que entre ambos extremos existen los dispositivos y la autoridad legítima encargada de asegurar para toda la sociedad los beneficios del orden y las virtudes de la libertad.