Parece mentira que todavía en el siglo XXI haya dirigentes políticos que pretendan sentarse sobre formularios, carpetas y expedientes para que accedan a su conocimiento unos pocos privilegiados. El gran poder de los monjes, allá por la Edad Media en la vieja Europa, era tener el acceso a la biblioteca y a la lectura de los libros que en ella se atesoraban.

En Santa Fe, contra todos y con un empeño digno de mejor causa, un grupo de quince senadores justicialistas resiste la sanción de una ley que garantice el libre acceso a la documentación de los tres poderes del Estado. No tienen el respaldo del Poder Ejecutivo, ni de la vicegobernadora, ni de los diputados de su propio partido, ni de los periodistas de los cuales ellos se valen para hacer conocer sus proyectos y su tarea. Son los mismos senadores que días atrás hicieron una especie de lock out y se fueron en un acto a favor de una línea partidaria porque no había más dineros para subsidios, fondos públicos que reparten a su leal saber y entender, y cuyo destino no conoce el ciudadano santafesino que paga sus impuestos por decisión de esos mismos senadores que se encargan de fijar montos y alícuotas.

Desde hace cuatro años Santa Fe ve demorada la sanción de una ley de libre acceso a la información por las posturas encontradas entre las dos cámaras que pese a cambiar su composición en el 2003 siguieron manteniendo sus posiciones. Los senadores, que prácticamente mantuvieron su composición pese al recambio institucional, siguen exigiendo el interés legítimo para acceder a la documentación oficial mientras que en Diputados se pretende un derecho amplio.

Lo paradójico es que el reclamo de una ley amplia tiene sustento constitucional y en tratados internacionales exhibidos por las entidades que reclaman la norma mientras que los que se encargan de ponerle límites se muestran mudos en el recinto y hacen valer el número para imponer una restricción que los acerca más a los monjes que describe Humberto Ecco en "El nombre de la rosa" que a la era de Internet.