La semana cierra con la confirmación del procesamiento de Miguel Campos, Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. La causa está motivada en las irregularidades en la asignación de cupos de Cuota Hilton a frigoríficos que no habrían reunido las condiciones necesarias para acceder a tal lucro.

La medida, dictada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, implica además un embargo de 10 millones de pesos contra el funcionario, y pone en jaque -al borde del nocaut- a un Campos cuya figura se encuentra altamente desgastada.

La acusación habla de delitos de administración infiel e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La primera piedra fue lanzada por el poderoso consorcio ABC, que nuclea a los principales frigoríficos exportadores, quienes se vieron ampliamente perjudicados por estas medidas, que anularon el hasta ese entonces vigente criterio de past performance.

Esta metodología premiaba la trayectoria de aquellos que habían hecho los deberes y habían invertido recursos para calificar al negocio. Estas plantas estaban habilitadas por las exigentes auditorías externas, y venían aumentando significativamente el trabajo de consolidación de la Argentina como exportador serio en el negocio mundial de la carne.

Durante todo el 2004, la cuota fue repartida mediante acciones de amparo a un abanico de empresas que, muchas veces, no reunían los requisitos mínimos para hacerlo.

Según el criterio judicial, Campos procuró lucro indebido, perjudicando además a quienes estaban calificados para hacerlo. Este no es un dato menor, tratándose de un negocio de escaso tonelaje (28 mil toneladas) pero de una gran ganancia (200 millones de dólares al año).

Para algunos medios periodísticos, Campos pasa a ser el primer funcionario kirchnerista en ser procesado por una causa de este tipo. Pero más allá de los registros anecdóticos, refleja el desgaste y la falta de credibilidad.

A lo largo de su trayectoria a cargo de la Secretaría, Campos se encargó de ser la "cara dura" en contra de los intereses que decía representar, es decir, los del campo.

En los últimos días, su posición quedó más en debilitada con la implementación de la resolución 71, mediante la cual intentó esquivar los controles del Estado Nacional para legalizar un transgénico de maíz. La misma estaba hecha a medida de una empresa, acusación que motivó la furia del ingeniero Campos. En rigor de verdad, su cruzada contra Monsanto parecía haberse convertido en una lucha personal y fuera de contexto. Parecía ir en contramano del mundo, empecinado en endurecer su posición, como si eso ayudara a destrabar los embargos a los buques cargados con soja argentina.

La situación en este tema parece empantanada, y de poco parece haberle servido su doctorado en genética cuantitativa para consensuar una salida que favorezca a los intereses argentinos.