Mientras el ejecutivo nacional, que a través de engorrosos acuerdos trata de ubicar la expectativa inflacionaria en un 12% anual, se atiborra en la enésima propuesta para bajar el precio de la carne, esta vez intentará establecer un valor de referencia para supermercados y carnicerías con la alternativa de que si se genera un excedente se destine a crear un fondo fiduciario, no se debe perder de vista que este escenario responde al timón de un régimen económico que, al menos, merece dos análisis que presionan sobre el índice que desvela a los asesores presidenciales: el modelo exportador y el gasto público.

El primero nos dice que Argentina vende bienes primarios que poseen bajo valor agregado (desde el horizonte rural son las manufacturas agrarias y las exportaciones vacunas) y compra productos elaborados y bienes durables que adicionan innovaciones que elevan el costo final (electrodomésticos, automóviles, aparatología científica, etc.), desequilibrio que se disimula por los altos precios que genera la excelente calidad agrícola-ganadera de nuestro país. Pero este ordenamiento, estribado sobre una confianza coyuntural, debería aprovecharse para reconvertir la producción hacia el equipamiento tecnológico y una optimización salarial (el punto de partida es inmejorable ya que las remuneraciones, expresadas en dólares, son bajas y las transferencias de recursos del campo hacia la industria nacional perduran, con algunas interrupciones, desde el año 1950). También, la óptica empírica demuestra que no siempre el crecimiento de las exportaciones eleva el PBI, sino que este último obedece a como se aplican y distribuyen los ingresos provenientes de las mismas.

Con referencia al gasto público, se puede decir que el incremento llegó al filo del 30% y comenzó a coaccionar sobre los precios. El contrasentido indica que su atenuación beneficia la competitividad de la política cambiaria y que el límite está dado por el equilibrio entre la erogación realizada y el fin para la cual fue creada, decisión de índole político.

Este aumento coincide con el intervencionismo estatal en el movimiento económico (precios mínimos, control de cambios, autorizaciones para realizar ciertas actividades, etc.) que desembolsa importes sin contraprestación o subsidios no reintegrables como por ejemplo, 2.000 millones de pesos para el transporte; 735 mil pesos mensuales para los operarios desafectados del frigorífico Swift, con plantas en Rosario y San José, Entre Ríos, por motivo del cierre de las exportaciones, subvención para peajes, etc.

Lo que cabe preguntarse cuáles son las fuentes de financiamiento y si el correlato de la dirección multiplicadora del gasto público provoca una mayor producción o se limita a un mero aumento de precios. Si ocurre esto último, propio de países en vías de desarrollo, aún en etapa de expansión económica, se contrarrestan los beneficios sobre la renta nacional y la ocupación, produciéndose factores generadores de inflación que desalientan la inversión productiva y motivan la especulación.