Kilibarda exigió el cumplimiento de una ley que transforma en cámara federal de apelación al tribunal oral. Marcucci solicitó incorporar a los jueces comunales en la reforma judicial.
De la redacción de El Litoral
El diputado Danilo Kilibarda (PJ) solicitó al Poder Ejecutivo de la provincia que gestione ante las autoridades nacionales el inmediato cumplimiento de la ley N° 25.269 poniendo en funcionamiento la Cámara Federal de Apelación en Santa Fe. La referida norma, sancionada el 28 de junio de 2000, estableció que los tribunales orales en lo criminal y correccional federales, entre ellos el de esta capital, se desempeñen como cámaras federales de apelación dentro de su jurisdicción. "De esta manera se asegura un mejor acceso a la Justicia y se determina el juez natural que tiene derecho el justiciable".
Kilibarda señala que pese al tiempo transcurrido de la sanción, la norma no fue puesta en práctica por distintas circunstancias "todas ellas absolutamente despreciables frente al mandato legal" y menciona entre ellas una resolución del Consejo de la Magistratura que entendió que cuestiones meramente económicas hacían imposible aplicar la ley y otra de la Corte Suprema de Justicia que difirió la vigencia de la norma. "Órganos constitucionales, encargados de la estricta aplicación de la ley, mediante simples actos administrativos, impidieron el cumplimiento de una ley de la Nación".
Además el legislador santafesino menciona una decena de proyectos presentados ya en el Congreso exigiendo el cumplimiento de la ley. "En Santa Fe existe toda la infraestructura necesaria resultando inexcusable el funcionamiento de la Cámara Federal. Este propio cuerpo así como los colegios de abogados de la provincia se han pronunciado en este sentido". Finaliza diciendo que "cumplir la ley es un mandato de la Constitución y asegurará el acceso al juez natural por parte de los justiciables".
Por los jueces comunales
El diputado radical Hugo Marcucci pidió que se incluya la designación de los jueces comunales en el plan integral de reforma del Poder Judicial que firmarán la cabeza de los tres poderes, los colegios de abogados y las facultades de Derecho con asiento en la provincia y señaló la necesidad de establecer ciertos requisitos para quienes ocupen dichos cargos.
Para el legislador "no sólo para los miembros de la Corte Suprema de la provincia se deberían reformular los métodos de selección. La reforma al Poder Judicial no debería olvidar a los jueces comunales" y aseguró que "en la designación de estos últimos se espera ver una real intención del Ejecutivo de transformar al Poder Judicial".
Marcucci recordó un proyecto presentado hace dos años para modificar los requisitos previos a dichas designaciones donde se menciona, entre otros, la obligación de aprobar un concurso de oposición y antecedentes y la presentación del título de abogado. Sin embargo, este tema ni siquiera se ha discutido, lo cual para el radical demuestra "una falta de voluntad política de realizar transformaciones institucionales en la provincia".
Desde el PDP
Para el diputado Héctor Jullier (PDP), la resolución del juez Patrizi en la causa inundaciones demuestra que "cada vez se hace más necesario renovar el Poder Judicial" y entiende que esa decisión "demuestra una vez más la connivencia de una Justicia diseñada durante años para garantizar la impunidad de los poderosos, mientras las cárceles provinciales se llenan con hombres y mujeres condenados a la marginalidad".
Para Jullier, "este Poder Judicial está diseñado a imagen y semejanza del poder político. Así como Carlos Menem en los años `90 desarticuló los organismos de control del Estado y designó jueces sumisos al poder político, en la provincia su discípulo Carlos Reutemann continuó y exacerbó ese proceso de degradación institucional".
Bravuconada
Para Mario Lacava, presidente del bloque del PJ en Diputados, Hermes Binner, al decir que en caso de llegar a gobernador "haría con la Corte provincial lo mismo que hizo el presidente Kirchner con la Corte nacional", en realidad está presionando al alto tribunal "para que no lo procesen en cinco o seis causas" actualmente en curso.
El diputado obeidista entendió que la declaración de Binner "es una bravuconada respecto a la Suprema Corte; presiona para que no lo procesen en cinco o seis causas que, por distintas denuncias, se tramitan en juzgados de Rosario y que refieren a su paso por la intendencia. El no apunta a un cambio institucional sino a salvarse con esta denuncia para que no lo procesen".
