El diputado Hermes Binner (PS) propició modificar la ley 25.798 que establece el sistema de refinanciación hipotecaria para deudores con vivienda única y familiar. El cambio propuesto incluye a todos los deudores que se ubican en la franja de monto y tiempo establecido por dicha ley pero no discrimina en cuanto a la naturaleza de los acreedores, comprendiendo además de la vivienda única y familiar, a máquinas o bienes destinados a la producción, siempre que la capacitad patrimonial del deudor así lo justifique.
"Hoy, tal como fue concebido el sistema de refinanciamiento, no sirve para cumplir los fines que se propuso porque deja afuera una gran cantidad de deudores", aseguró Binner.
El proyecto contempla la creación de un fondo fiduciario donde el Estado nacional se haga cargo de la deuda que determine el juez interviniente debiendo abonarse la totalidad de lo adeudado, y establecerse las condiciones de refinanciación que posibiliten un nuevo acuerdo hipotecario factible de ser afrontado por el deudor acorde con sus reales posibilidades económicas. "Tutelamos la vivienda única familiar que no podrá ser ejecutada, salvo desafectación expresa. Proponemos derogar el procedimiento especial de ejecución hipotecaria contemplado en el título quinto de la ley 24.441, uno de los pocos casos donde se apela a procedimientos acelerados para llegar al remate de la vivienda, en tutela del interés del acreedor hipotecario, configurando un excepcional privilegio" explicó el diputado socialista.
Para Binner es necesario abordar otras vías de solución que posibiliten realmente proteger al deudor hipotecario, evitar el remate y cumplir con el pago de las deudas conforme se determine judicialmente. Para ello deben asignarse las sumas que correspondan del fondo fiduciario y refinanciar la deuda por todo concepto, de acuerdo a términos y condiciones más flexibles que tengan en consideración la real situación patrimonial de los deudores.
El socialista dice partir del concepto de que la vivienda y el trabajo son derechos constitucionales que el Estado debe tutelar "particularmente en estos casos donde le cabe responsabilidad como principal gestor de las políticas y medidas económicas que han generado enormes y masivos daños hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad".
