Por separado, un legislador radical y otro socialista advirtieron sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación que terminó adjudicando a una empresa intermediaria del sur del país. La respuesta del director de Vialidad.
El diputado radical Hugo Marcucci reclamó la documentación y una serie de respuestas acerca de la adquisición de 140 máquinas motoniveladoras concretada el año pasado por el gobierno santafesino a través de la Dirección Provincial de Vialidad. La inquietud del legislador está planteada en un pedido de informes ingresado ayer a la Cámara, coincidentemente con la publicación de una investigación periodística sobre el tema en la revista Entre Líneas. La misma inquietud había tenido ya hace un mes el diputado Raúl Lamberto (PS) quien pidió la constitución de una comisión de seguimiento (ver aparte).
El proyecto de Marcucci se fundamenta en una resolución del Tribunal de Cuentas que observa aspectos de la licitación como "la forma en que una empresa constructora (Austral Construcciones S.A.), puede ser proveedora de maquinarias viales, y la ausencia de antecedentes de usuarios que hayan adquirido anteriormente las mismas máquinas cotizadas y que pudieran aportar alguna garantía de buen uso". Marcucci aclara que "la importación de maquinarias viales ni siquiera figuraba en el objeto social de la empresa al momento de ganar la licitación". El legislador se quejó, además, por la negativa del director de Vialidad, Antonio Grbavac, de permitirle el acceso al expediente cuando lo solicitó oportunamente a mediados de febrero.
La minuta solicita copia del expediente completo; pregunta la razón por la cual se desestimó al otro oferente (la firma Macrosa del Plata); por qué razón si originariamente la licitación se preveía para comprar 100 máquinas con posterioridad se procedió a aumentar en un 40%; cuáles son los antecedentes de la firma adjudicataria, Austral Construcciones S.A., para acceder a ganar la licitación; si los integrantes de la comisión ad hoc conformada para evaluar las propuestas procedió a verificar otros usuarios que hubieran adquirido el mismo tipo de máquinas tal cual lo exigía el pliego de bases y condiciones; si la firma adjudicataria cumplió con la entrega de las máquinas, sus accesorios y sus repuestos antes del 15 de setiembre, fecha establecida también en el pliego, entre otras cosas.
Los pasos del expediente
La licitación pública 12 de 2005 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda fue proyectada para adquirir 100 motoniveladoras, fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de mayo y, finalmente, la compra resultó siendo de 140 máquinas. Se presentaron dos firmas, por un lado Macrosa del Plata S.A. por un precio base de 43.142.500 pesos de base y 46.538.600, con opcionales, y, por otra parte, Austral Construcciones S.A. con una cotización de 36.531.300 pesos.
Marcucci refiere que luego del informe de la Comisión de Adjudicación, y previa desestimación de la oferta de Macrosa por no poder hacer frente al plazo de entrega establecido, se adjudicó la operación a Austral Construcciones por 140 máquinas y por la suma de 51.143.820 de pesos "con la sola referencia de que un artículo del pliego de bases y condiciones permitía hacer uso de tal opción".
La resolución N° 1.145 firmada el 17 de junio por el director general de Vialidad, Grbavac, aprueba la operación ampliando, además, la partida presupuestaria. "En sólo tres carillas, con la sola firma del administrador general y sin demasiadas fundamentaciones, se define una licitación pública que adjudica la compra de 140 motoniveladoras por la suma total de 51.143.820 de pesos" afirma el legislador.
Según Marcucci "dichas actuaciones han venido siendo objeto de diferentes planteos por parte de funcionarios del Tribunal de Cuentas. Esto demuestra que los interrogantes que subsisten son demasiados y muchos de ellos se encuentran resumidos en la enumeración realizada en la parte dispositiva del proyecto", acotó..
La voz oficial
En diálogo con El Litoral, el director de Vialidad, Antonio Grbavac, explicó que la decisión de adjudicarle a Austral Construcciones obedeció a que "cumplía con todos los requisitos exigidos en el pliego" y, además, ofertaba un costo por unidad "un 20 % más barato que la otra empresa". Acerca del rubro al que se dedica la firma según lo indica su propia denominación (Construcciones), el funcionario argumentó que "ejecuta obras viales", además de ser "una importadora de maquinaria vial", que efectivamente opera sobre todo en Santa Cruz.
En cuanto a los antecedentes que se hubieran recabado de usuarios de las máquinas para probar su efectividad, el director dijo que tenían constancia de que "se habían vendido en Chile, Perú, Bolivia y Uruguay", y que incluso viajaron a Fray Bentos "para ver las máquinas en funcionamiento".
El funcionario, en cambio, evitó responder sobre el cambio de razón social de la empresa o sobre si quien firmó los contratos era o no el presidente de la firma. "Yo no debía estar al tanto de ello; esas son cosas que debe verificar el Registro de Proveedores de la provincia", explicó. Asimismo señaló "no recordar" si la licitación fue nacional o internacional, y "desconocer" si la fábrica china tenía un representante directo en Buenos Aires, que hubiera evitado la contratación por un intermediario.
Respecto de la actuación del Tribunal de Cuentas, sostuvo que no existieron observaciones sino "requerimientos de mayor información", que fueron contestados. "Es más -apuntó-, a partir de allí el organismo dio por cerrado el trámite y remitió el expediente de nuevo a Vialidad".
Finalmente, acerca del beneficio de más de 12 millones de pesos que como intermediaria habría obtenido Austral Construcciones, consideró que eso corresponde a un acuerdo entre las propias empresas.
"Yo no puedo responder por eso. Así se vendan zapatillas o papas, la empresa quiere ganar; nadie va a hacer negocio para perder plata. Lo que nosotros evaluamos fue que las máquinas que ofrecía esta empresa, eran más baratas y eso beneficiaba a todos los santafesinos", concluyó.
Comisión investigadora
El diputado socialista Raúl Lamberto también había expresado su preocupación por la forma en que se desarrolló el proceso de compra de las motoniveladoras y adelantó que en los próximos días presentará una propuesta para que se forme una comisión investigadora sobre el tema.
En el pedido de informes presentado a principios de mes, Lamberto, además de reclamar toda la documentación, entre otros puntos interrogaba sobre los motivos por los cuales "una de las condiciones impuestas en la licitación pública para la compra de las cien motoniveladoras fue el plazo de entrega inmediato", requiriendo "explicitar el proyecto de obras a realizar que justificara esa exigencia sin prever una ampliación del plazo".
Entre otras cuestiones, referidas al precio de mercado y a la provisión de repuestos, Lamberto pregunta "si al realizar dicha licitación ha sido considerada la existencia de empresas fabricantes del mismo tipo de máquinas radicadas en territorio provincial, la fuente de trabajo local que ellas generan y la factibilidad de sus ofertas en el marco de una ampliación del plazo de entrega".
De la redacción de El Litoral
