La energía es hoy decisiva en el mundo. Los conflictos en Irak e Irán, el enfrentamiento de Venezuela con los Estados Unidos, los sostenidos problemas en la ex Unión Soviética -por sólo mencionar ejemplos- son en buena parte consecuencias de la lucha por el manejo de los recursos petrolíferos.

La energía es poder, y en cierto sentido es la palanca que mueve al mundo. Hace algunas décadas, la Argentina y sus empresas fiscales sostenían un horizonte amplio para el desarrollo, en el marco de un inexistente estado de bienestar.

Hoy vivimos las consecuencias de la imprevisión de los años '90, de los que heredamos un país con reservas de petróleo y gas en peligrosa disminución, empresas del sector que se niegan a intensificar la exploración porque no les resulta redituable y tardías políticas fiscales de promoción de recursos alternativos como los biocombustibles.

Brasil sostuvo su plan de alconafta y desarrolló una empresa que supo buscar petróleo en la plataforma marítima; Bolivia, para hacer valer sus recursos gasíferos, sostiene un reclamo social e histórico difícil de eludir; Venezuela está demasiado lejos y Enarsa apenas ha empezado a desarrollar una estrategia para asociar capitales privados, en la búsqueda de petróleo sobre la plataforma continental argentina.

Como si fuera poco, la infraestructura que distribuye las escasas fuentes de energía en el país está al borde de su capacidad. El modelo privatizador no cumplió en la pasada década con su promesa inversora, y ahora el Estado asume -con recursos públicos- el timón de una política que debe definir qué se investiga, dónde se buscan fuentes tradicionales o renovables de energía y cómo se la distribuye para que la producción no detenga su crecimiento y la vida cotidiana de las familias argentinas no se vea afectada.

El nuevo modelo establece que el Estado define las prioridades y hace las obras, y que las empresas privadas administren luego el recurso. La financiación proviene de la sociedad, mediante los cargos de infraestructura necesarios para nuevas exploraciones, construcción de gasoductos, de redes de alta tensión y nuevos sistemas de distribución de los flujos energéticos a las casas o las fábricas.

Se llame cargo de infraestructura o aumento en las tarifas, lo paga la sociedad, que a la larga se beneficiará con su inversión. La salida es políticamente costosa, pero inexcusable si se pretende despejar el horizonte inmediato de riesgos mayores.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional no necesita más leyes que desvirtúen la función del Congreso y concentren poder y recursos económicos en el Ministerio de Planificación Federal. El país debe asumir en esta materia una política de Estado, pero ella jamás debe justificar la violación de la institucionalidad.