El gobierno nacional se ha propuesto combatir los aumentos en las carnicerías por una razonable ecuación: cada 10% de aumento en el mostrador, es 0,5% de inflación general. La Casa Rosada busca preservar así un bien social superior, y eso no está nada mal.

Sin embargo lo hace con una metodología y con medidas que poco tienen que ver con el fin buscado. En principio la solución por todos reconocida es mejorar el stock ganadero, pero hasta ahora -y a pesar de los discursos oficiales- no se han tomado medidas de fondo para que eso ocurra.

En el corto plazo el país pierde divisas por la veda exportadora, los empleados de los frigoríficos dedicados a ese mercado pierden parte de sus ingresos y los precios no bajan todo lo que el gobierno espera. ¿No sería útil buscar soluciones por otro lado?

Toda arquitectura moderna del poder supone la construcción de consensos. Sin embargo la Casa Rosada sostiene en la Secretaría de Agricultura y Ganadería a interlocutores cuestionados y mantiene el castigo a los productores agropecuarios cuando ya es claro que el problema del precio interno también debe encontrar soluciones en la cadena comercial.

El eventual paro de los productores es un llamado de alerta para los responsables de la política nacional. La Casa Rosada no debe claudicar en su objetivo inflacionario ni en la búsqueda del bienestar general de los argentinos; pero el anuncio de los hombres de campo sobre la celebración de la "muerte ganadera" el próximo 25 de mayo, sólo es un paso más en un camino de improductivos empecinamientos.

Si la puja entre gobierno y producción no encuentra consensos, entonces no habrá inflación porque no habrá carne. Y eso no es negocio para nadie. El consenso es imperioso, y el gobierno tiene la obligación de generar las condiciones para que así suceda, exigiendo a cada sector el aporte que corresponda, pero sin terquedades que sólo sirvan para escribir, una vez más, las crónicas de una muerte anunciada.